El analista de temas migratorios, Fernando Castro Molina, informó hoy que al 24 de noviembre del corriente año en el registro de inmigrantes no detenidos del servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos -ICE- se encuentran 253,413 ciudadanos guatemaltecos que tienen expedientes con órdenes finales de expulsión. Se trata de compatriotas que por alguna razón ya fueron localizados por las autoridades migratorias y al comprobar su condición irregular se les incluyó en ese listado, lo que significa que serían, sin duda, los primeros en ser deportados en cuanto empiece la política contra la migración irregular del nuevo gobierno norteamericano.
Cierto es que existe un reto logístico para llevar a cabo la deportación de tanta gente y que la cantidad de guatemaltecos en Estados Unidos es más de diez veces esa cifra, pero la deportación de ese cuarto de millón de personas significaría un serio problema para nuestro país porque vendrían sin mucha oportunidad de encontrar empleos que les permitan sustentar a sus familias. No podemos olvidar que el creciente abandono de las políticas de promoción del desarrollo humano ha tenido efecto directo en la generación de ese inmenso flujo migratorio y al ser forzados a retornar al país se agravará en mucho el tema del desempleo y sus familias pasarán serias penas para subsistir.
Es por ello que hemos estado insistiendo en que el gobierno de Guatemala tiene que implementar acciones para prepararnos de manera que se pueda reducir el impacto negativo que significará la deportación de gran número de personas. En su mayoría, la migración es resultado de las condiciones existentes en el país y esos guatemaltecos se han visto forzados a encontrar medios de vida que les permitan sostener a sus familias. El sacrificio de la mayoría de migrantes es algo que no podemos pasar por alto y el retorno de muchos de ellos complicará mucho las cosas a todo el país.
La nueva política norteamericana en el tema de la migración es mucho más dura y el ya complejo paso por la frontera se volverá aún más difícil con la implementación de las políticas anunciadas por Donald Trump como parte de su plan de gobierno que descansa, en buena medida, en esa decisión de no solo cerrar el paso sino también de expulsar a quienes ingresaron en forma ilegal.
Si nos detenemos a pensar en el efecto que puede tener el que más de un cuarto de millón de compatriotas sean deportados y se queden sin fuente de ingresos, debemos realmente interesarnos en generar planes que puedan atender a los deportados y ofrecer rutas para que sus talentos se pongan a trabajar en Guatemala. Y no se trata de ser agoreros sino de empezar a diseñar estrategias que mitiguen, por lo menos, el duro impacto que tendría esa deportación masiva si se superan los retos logísticos que ya mencionamos.
