Recientemente la Convergencia por los Derechos Humanos ha presentado los resultados de la investigación denominada “Caro, ineficiente y corrupto: evaluación del Ministerio Público durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras”, en la cual se detallan resultados a partir de los datos y evidencia presentada por la propia institución rectora en la investigación criminal. Cabe señalar en términos generales, que los datos presentados dan cuenta de la gravedad de sostener a un equipo en el Ministerio Público dirigido por la señora Porras, dedicados a ser un instrumento de estructuras criminales aglutinadas en el Pacto de Corruptos.
El informe en cuestión establece que contraria a la narrativa difundida por las redes sociales y/o medios de comunicación vinculados al Pacto, respecto a la eficiencia del MP, los resultados según la evidencia recogida demuestran contundentemente que la gestión de Consuelo Porras ha tenido un pésimo desempeño y ha causado un grave deterioro institucional, provocando impunidad estructural para beneficio de las redes criminales que han capturado el Estado. Y es que la narrativa del Ministerio Público de manera perversa está plagada de medias verdades, mentiras y engaños a todas luces lacerantes para la población guatemalteca. La señora Porras y su estructura a cargo del MP han vociferado que estar certificados y que la institución hoy tiene presencia en los 340 municipios del país. Lo que esta estructura criminal omite es que a pesar del aumento del presupuesto y con ello la ampliación de la cobertura del MP en el país, la confianza de la población en dicha institución se ha desplomado y año con año existen menos denuncias presentadas. Por lo tanto si el proyecto de Porras pretendía crear agencias municipales para facilitar el acceso a las víctimas, es claro que no logró ese objetivo.
Además el mayor problema existente para la población lo constituye el aumento de la impunidad generada a partir de la ausencia casi absoluta, de la falta de investigación criminal por parte del MP. Los datos recopilados por la Convergencia por los Derechos Humanos, dan cuenta que de la totalidad de denuncias presentadas por la población ante el MP, el 87% son desestimadas o archivadas. El hecho que en el 87% de los casos se haya aplicado archivo o desestimación, permite concluir que el MP de la estructura Porras, desarrolla la investigación como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. En este sentido, la gestión de Porras, de manera dolosa, incumple con el deber de investigar con la debida diligencia en más de 3 millones de casos.
Por lo tanto, las actuaciones de Porras demuestran un ejercicio del cargo altamente insatisfactorio, que da lugar a responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la legislación guatemalteca, y deberían dar lugar a su destitución inmediata del cargo para evitar daños irreparables a la institucionalidad del país. En ese marco, la única forma de que el MP no siga extendiendo licencias para continuar delinquiendo es removiendola e iniciar un proceso serio de reconstrucción del Ministerio Público.
