Es claro el mandato de la Constitución: la educación y la salud no son mercancía ni negocio, son derechos fundamentales.
Un educador, al analizar la situación que vive la sociedad guatemalteca, así como la persistencia de sus problemas y necesidades, nos respondería que la educación guatemalteca NO cumple con lo esperado. La relación profesor-alumno, que se reduce a un acto de aprender, desarrollar habilidades cognitivas y corporales para utilizar, no se logra, lo cual no se traduce en un mejor bienestar. Igualmente, un profesional de la salud, al evaluar el binomio salubrista-enfermedad y su relación con la salud, también respondería con un rotundo NO. Probablemente, ambos coincidirían en que un factor determinante en su NO, es que, en el ámbito nacional de la educación y la salud, prevalece el negocio, y existen numerosos intermediarios en esta relación, que no tienen nada que ver con sanar y educar. De igual manera, nuestros entrevistados opinarían sobre el accionar político al respecto: puro negocio.
Si les pidiéramos pruebas de su aseveración, el profesional de la salud nos explicaría que el negocio tiene niveles. A nivel directivo –señalaría– las irregularidades están en la adquisición de recursos y en la compra de medicamentos, donde se sobrevaloran los precios y se realizan compras muchas veces innecesarias. El educador, por su parte, mencionaría las sobrevaloraciones en los libros de texto que adquiere el ministerio, y ambos destacarían que estas actividades se realizan con incumplimiento de normativas. A nivel operativo, las compras sobrevaloradas se repiten, así como la elaboración de infraestructuras deficientes y a alto costo y contrataciones anómalas. Si ahora nos trasladamos a la llamada iniciativa privada, la situación tampoco es favorable. Hay fraude en la educación, al promover a quienes no saben con tal de obtener ganancias. De igual forma, muchos profesionales de la salud, a menudo incurren en gastos innecesarios para sus pacientes (de los cuales reciben prebendas) y cometen fraudes al realizar acciones innecesarias y costosas, en beneficio de sus propios bolsillos. “No hay conciencia”, decía una madre al referirse al médico, comentario que también puede aplicarse al maestro.
Son igualmente innumerables, las prácticas que contravienen la honestidad, tanto a nivel individual como institucional: incumplimientos de horarios y atribuciones, sacrificando la responsabilidad en aras de otras tareas y beneficios impropios. Me explico: para muchos profesionales de la salud y la educación, las personas a su cargo se convierten en entes pasivos, dócilmente sometidos a manipulaciones e intereses del educador, del profesional de la salud y de sus instituciones, todas ellas ajenas a los fines educativos y sanitarios. Esta ambición oculta, deja en un plano secundario los mandatos constitucionales, las leyes y la ética del ejercicio profesional.
En resumidas cuentas, pareciera que todos los espacios de planificación y ejecución en salud y educación, están llenos de incumplimientos o cumplimientos a medias, lo que provoca que la interacción maestro-alumno-aprendizaje y médico-enfermo-salud, rara vez sea armoniosa y efectiva en el cumplimiento de su objetivo principal: solucionar problemas y permitir la satisfacción de ambas partes. Bien caben aquí como conclusión, las palabras del Dr. Espejo, quien hace dos siglos se refirió a los malos médicos con un: “Si este es malo, no hay peste tan devorante que se le parezca, ni contagio más venenoso con el que se le pueda comparar”. Una crítica que bien puede ampliarse a los educadores.
