Javier Monterroso

La semana pasada se dieron a conocer los resultados de dos estudios importantes para el país con resultados totalmente opuestos, la buena noticia es que según informes de la PNC y del Inacif por sexto año consecutivo hubo menos homicidios, y durante el período 2009-2015 la tasa de homicidios ha bajado de 41 muertos por cada cien mil habitantes a 30, esta cifra es aún muy alta para cualquier país, pero ya es una mejora importante. La mala noticia es que según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por el INE, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron significativamente durante el período 2006-2015.

Ni la cantidad de muertes violentas ni la pobreza son fenómenos naturales, el aumento o disminución de estos índices obedece a la implementación o no de políticas públicas, por ejemplo en el caso de los homicidios considero que han habido tres acciones fundamentales que han incidido directamente en disminuir los índices de violencia homicida, seguramente hay otras, pero creo que las más importantes son las siguientes:

En primer lugar, el combate a los homicidios se convirtió en una prioridad para el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, estas dos instituciones mejoraron su coordinación a un nivel tanto de dirección como operativo, y crearon equipos especializados en investigación de homicidios, esto permitió un mayor número de capturas y condenas por este delito logrando que muchos sicarios y miembros de pandillas juveniles estén en la cárcel.

Una segunda política fue la creación en el año 2007 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), institución que realiza las necropsias, análisis de huellas balísticas, análisis de fluidos y de ADN, pruebas científicas que han permitido al Ministerio Público resolver una enorme cantidad de homicidios.

Finalmente el funcionamiento del Transmetro y del Transurbano con paradas fijas y vigiladas permitió disminuir las muertes de pilotos y los asaltos a buses que muchas veces provocaban muertes, esta fue una política coordinada desde el gobierno central y la municipalidad de Guatemala.

Cuando contrastamos lo que se ha hecho para combatir los homicidios con lo que los distintos gobiernos han hecho para disminuir la pobreza nos damos cuenta de la carencia de políticas sociales, la única política pública implementada durante el período 2006-2015 para reducir la pobreza fueron los programas sociales en época de la UNE, sin embargo, los mismos fueron politizados clientelarmente por la misma UNE y posteriormente destruidos por el gobierno del PP.

Cuando el Estado se propone un objetivo, las instituciones se coordinan, se trasladan recursos económicos y se crean métodos técnicos de trabajo es posible mejorar las condiciones de vida de la población, el próximo gobierno debe tener como una prioridad la disminución de la pobreza y la pobreza extrema y diseñar e implementar políticas públicas para ello.

Artículo anteriorLa COP 21 o la irracionalidad capitalista
Artículo siguienteIdeas sueltas