Ayer, tras celebrarse una audiencia en el proceso iniciado por la Fiscal de la FECI Sofía Castillo Rivas contra el periodista Diego España, el juez José Gilberto Godoy Archila revocó en forma parcial las medidas de “seguridad” que una jueza había otorgado a la denunciante en octubre pasado, en la parte que se refiere al ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión del pensamiento. En efecto, la primera resolución prohibía a España desempeñar su trabajo, no podía ir hasta a la Torre de Tribunales o el Ministerio Público, lugares comunes para el ejercicio de su función periodística.
El juez penal al revocar la medida dijo categóricamente que “Los empleados o trabajadores públicos, o quienes hemos conseguido un trabajo por un concurso de oposición o elección popular en el Estado, estamos sujetos a la fiscalización para bien o para mal”, lo que constituye un acto de coherencia legal contrario a lo que han logrado otras funcionarias o figuras públicas que han usado maliciosamente la Ley de Femicidio para evitar que se publiquen noticias en las que se evidencie su incorrecto y corrupto desempeño.
Hemos dicho hasta el cansancio que la Ley de Femicidio fue un paso importantísimo en Guatemala dada la existencia de una cultura machista que expone a las mujeres a malos tratos y hasta a violencia. Sin embargo desde hace tiempo las mujeres que se dedican a la política y desempeñan funciones públicas empezaron a manosear la norma para que sirviera de coraza a fin de impedir que se publicaran noticias sobre la corrupción en que incurren, igual que los hombres, en perjuicio de los intereses nacionales.
En el caso de España, él simplemente preguntó a la fiscal sobre la reunión privada que había tenido con una juzgadora y ella admitió el hecho en el mismo tono correcto y respetuoso que había usado el periodista, como se puede observar en la entrevista que quedó debidamente grabada. Pero siendo que esa reunión está prohibida por la ley, cuando comentó a sus jefes en la FECI que había sido sorprendida al salir del juzgado, recibió instrucciones para denunciar penalmente al periodista, falseando los hechos al decir que fue arrinconada y amenazada.
La resolución del juez Godoy Archila permite preguntar, entrevistar o tomar fotografías a la funcionaria, pues ello no es intimidación cuando se hace en función de periodista, tapaboca para la FECI que pretendió acallar a España para que no se siguiera hablando del acto ilícito cometido al sostener una reunión a solas, sin presencia de la otra parte, en el juzgado que conoce varios de los casos de corrupción en los que han ido liberando a los sindicados.
