POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
A pesar que desde 2013 se prohíbe contratar Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para ejecutar recursos del Estado (con la sola excepción del sector salud y por un tiempo perentorio que vence en 2016) se siguen canalizando fondos públicos utilizando esta modalidad. A la fecha el monto de recursos asignados a ONG asciende a Q4 mil 219.2 millones.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, de enero de 2011 al 31 de octubre de 2015, el gasto público ejecutado por Ministerios y Secretarías del Estado a través de ONG, en la modalidad de aportes y convenios, asciende a Q4 mil 219.2 millones.
De acuerdo con la información, los aportes a ONG se han venido reduciendo desde 2011, cuando la asignación fue de Q1 mil 7 millones 600 mil. En 2012 los aportes bajaron a Q778.4 millones, y en 2013 subieron a Q905.2 millones; nuevamente, en 2014 se redujeron a Q840.3 millones, mientras que hasta octubre de 2015 se habían desembolsado Q687.7 millones.
Las entidades que más fondos han destinado a ONG en los últimos cinco años son el Ministerio de Salud, con un total de Q1 mil 918.4 millones; el Ministerio de Comunicaciones, con Q900 millones; Obligaciones a cargo del tesoro, con Q665.2 millones; Educación, con Q305.2 y Agricultura, con Q166.5 millones.
Según los datos de Finanzas, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos ha sido la entidad más beneficiada durante los últimos cinco años, ya que ha recibido Q1 mil 125.5 millones. En la actualidad, esta entidad enfrenta una investigación en el Ministerio Público por irregularidades encontradas por la Contraloría.
Los aportes de fondos públicos para las ONG y Organismos Internacionales en 2016 se proyectó en los Q1 mil 572 millones. El listado elaborado por el Ministerio de Finanzas no fue evaluado ni modificado por la Comisión de Finanzas del Congreso y su detalle tampoco fue incluido en el dictamen de Presupuesto.
La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, afirma que en el plan de gastos del año entrante, específicamente en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera (más conocido como Listado Geográfico de Obras), se asignaron Q13 mil 317 millones para obras, 6 por ciento menos de lo que se asignó para el 2015. No obstante, le preocupa que el 69 por ciento de estos recursos se ejecute de forma discrecional.
«Un cincuenta por ciento se ejecutará por medio de municipalidades que se amparan en la autonomía municipal para no entregar información pública. Otro dieciséis por ciento será manejado por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que tienen estipulado hacerlo mediante Organizaciones no Gubernamentales (ONG), las cuales han sido cuestionadas en diferentes oportunidades. Por último, un tres por ciento a través de fideicomisos que duplican el trabajo con los Ministerios», explica la congresista.
Es por ello que la parlamentaria insta a la CGC para que fiscalice correctamente a las empresas y ONG que ejecuten obra gris y los fideicomisos que no utilizan la Ley de Contrataciones.
INICIOS Y RESTRICCIONES
En Guatemala, la denominación de ONG aparece en el ordenamiento jurídico en 2003, con la aprobación de la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONG), Decreto número 2-2003 del Congreso de la República.
Sin embargo, este tipo de organizaciones existen aproximadamente desde la década de 1950, amparadas bajo la figura jurídica de asociaciones civiles sin fines lucrativos y vinculados a tareas religiosas como de asistencia en materia de infraestructura, tecnología agrícola, alfabetización y educación popular.
Con el terremoto de 1976 se desarrolló un repunte de estas organizaciones, las cuales se involucran en labores de reconstrucción. Con la agudización del conflicto armado, el actuar de las ONG disminuyó.
A finales de la década de 1990, paralelo al proceso de la firma de la paz, el funcionamiento de las ONG tuvo un auge mayor en el marco de las políticas sociales de descentralización.
Con las reformas del sector salud en 1996, impulsadas regionalmente por organismos multilaterales de crédito, entre ellos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la participación de las ONG en materia de salud creció, estimulando la participación de entidades privadas en la administración y prestación de servicios de salud y convirtiéndolas en prestadoras o administradoras en el Programa de Ampliación de Cobertura, bajo la rectoría del Ministerio de Salud.
Sin embargo, las literales e) y f) del artículo 22 del Decreto 101-97 del Congreso, Ley Orgánica del Presupuesto, reformados en el artículo 33 bis de la ley en mención, así como los artículos transitorios 76 y 77, establecen que por ningún motivo los Ministerios, Secretarías, Fondos Sociales, Fideicomisos, Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas, pueden suscribir convenios con administradoras de fondos financieros para la ejecución a través de ONG, Organismos Internacionales o Asociaciones.
VACÍOS LEGALES
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -Icefi-, opina que con estas normas, especialmente el artículo 33 bis del Decreto 101-97, reformados en el Decreto 13-2013, ninguna entidad del Estado de la administración central, autónoma o descentralizada, debería contratar ONG, a menos que sea un aporte que haya aprobado el Congreso (que está facultado para aprobar aportes directos).
Asimismo, el entrevistado admite que antes de las reformas de octubre de 2013 a la Ley Orgánica del Presupuesto y de noviembre a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 9-2015), habían vacíos legales para controlar la contratación de ONG. El entrevistado fue parte del ministerio de Finanzas durante el Gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres.
Barrientos agrega que debido a estos vacíos legales y una gestión «laxa y deficiente» de la Contraloría General de Cuentas es que el tema de las ONG se volvió una suerte de «autopista de gran velocidad» para la corrupción, especialmente en los Consejos Departamentales de Desarrollo.
«Si las nuevas disposiciones legales se aplicaran correctamente, esto ya no debería pasar, ya que el control es mucho más completo. En adelante es cuestión que la Contraloría General de Cuentas aplique de forma estricta y eficaz, en especial en municipalidades y consejos departamentales de desarrollo. Aunque a veces se han criticado fuertemente las reformas recientes para fortalecer la transparencia, resulta que sí proveen el mecanismo de fiscalización que hacía falta», expone el entrevistado.
En cuanto a términos contables y presupuestarios, el citado puntualiza en que el problema es distinguir entre las ONG «buenas» y «malas», es decir, entre las que continúan sirviendo a propósitos legítimos y de gran valor social, producto de la ausencia total del Estado, y la ONG contratista, receptora de fondos del presupuesto estatal para construir obras de inversión pública en infraestructura.
AUDITORÍA SOCIAL
Tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2016, el Contralor General, Carlos Mencos, evitó pronunciarse al respecto, ya que indicó, debe revisar los términos del mismo; sin embargo, recalcó que en el tema de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), estaría a favor de aquellas que tienen que ver con la ampliación de cobertura en salud y educación, pero no de obra gris.
El desacuerdo del Contralor con esta forma de ejecución de recursos públicos se debe a la mala experiencia en donde varias ONG han dejado abandonados los proyectos.
Cabe mencionar que previo a la discusión y aprobación del proyecto de gastos, el funcionario solicitó al presidente Alejandro Maldonado Aguirre, promover acciones conjuntas para eliminar del marco jurídico nacional, la potestad de ejecutar obra gris o programas sociales por parte de ONG, para que únicamente apoyen en programas de ampliación de cobertura en Salud y Educación.
«Aunque concuerdo en que antes existían vacíos legales que impedían que nuestra labor no fuera más efectiva, ahora afortunadamente, la fiscalización de las ONG se van a intensificar más con las reformas recién aprobadas. Personalmente voy a examinar cada una de las asignaciones este año para evitar que estas instituciones sigan haciendo obra gris, que es a lo que me he opuesto siempre», enfatiza Mencos.
En cambio, para Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, no existe un mecanismo de fiscalización que garantice el uso transparente de los fondos concedidos a las ONG y que cumplan con los resultados propuestos.
Según el investigador, es evidente que hay limitaciones de orden institucional así como carencia de recursos para mejorar los controles sobre la ejecución y los resultados del desempeño de las ONG, ya que la asignación del gasto a través de esta herramienta no se realiza en base a criterios técnicos, lo cual impide seguir la pista al dinero público como corresponde.
«Es importante empezar a romper el molde de corrupción mediante estos instrumentos que en la mayoría de los casos, solo sirven para estafar al Estado. Solo con una mayor auditoría social estricta y presión mediática sobre la Contraloría General de Cuentas, es que se va a velar por la aplicación estricta de la legislación nueva», subraya el académico.
En las modificaciones hechas a la Ley de Contrataciones del Estado, uno de los principales puntos acordados es que los fondos públicos que ejecuten las ONG, asociaciones legalmente constituidas o cualquier Organismo Regional o Internacional, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas por el monto de los recursos anticipados y ejecutados.
Para tal fin, deberán proporcionar al mencionado ente fiscalizador toda la documentación e información que se les requiera.
COMPLICACIONES EN SALUD
Debido a denuncias de anomalías y supuesto incumplimiento de funciones de los trabajadores de las mismas, en diciembre de 2014 empezaron a ser liquidados más de 300 convenios con 60 ONG que prestaban servicios en la extensión de cobertura del primer nivel de atención en las áreas de salud del país.
La Copret denunció que el MSPAS suscribió más de 300 convenios con 60 ONG que excedieron en Q142 millones su disponibilidad para ese rubro, pues comprometió Q417 millones, pero el techo máximo para el programa de extensión era de Q275 millones.
Las ONG fueron contratadas a inicios del actual Gobierno para brindar servicios de atención primaria, con énfasis en el plan del Pacto Hambre Cero y la Ventana de Oportunidades de los Mil Días, estrategias insignes de la administración del expresidente Otto Pérez Molina para combatir la desnutrición.
Consultado sobre esta situación, el responsable de la cartera, Mariano Rayo, expresa que esta decisión fue tomada por autoridades anteriores, pero que generó que el Ministerio durante 2015, no haya tenido la capacidad de suplir la atención en el nivel primario, lo que en parte también desencadenó la actual crisis hospitalaria.
«En este momento, solo hay dos soluciones. La primera es contar con más personal técnico que supla lo que dejaron de hacer las ONG. Y eso representa unos Q350 millones adicionales que no tenemos. La otra opción es buscar un nuevo mecanismo que supla el trabajo del PEC, pero eso sí ya es un tema de fondo que en la transición no es fácil, sobre todo que ya estamos por cerrar la ejecución del presupuesto asignado este año», comenta el funcionario.
OTROS CASOS
En mayo de 2015, La Hora publicó que el matutino Siglo.21 no recibe aportes de fondos públicos, pero estos sí llegan hasta ONG que tienen acciones en la casa matriz de ese medio.
El 2 de enero de 2013, el matutino Siglo.21 expuso en un editorial el nombre de los que entonces serían los nuevos accionistas de Corporación de Noticias S.A., la casa matriz de ese diario y de AlDía, dos medios de comunicación guatemaltecos con circulación impresa y digital.
La Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag), el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya) y el Consejo de Investigaciones para el Desarrollo (Cideca) son los nombres que figuraron con participaciones en la empresa matriz.
En esa publicación, de hace dos años, Corporación de Noticias S.A. dejó en claro que «rechaza cualquier presión de personas, gobiernos nacionales o locales, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses…».
En términos oficiales, el Gobierno no tiene participación ni influencia en el diario, pero sí tiene una incidencia económica directa sobre dos de los socios que se sumaron como accionistas de la casa editora.
Según informes del Ministerio de Finanzas Públicas, entre 2012 y 2014, Fedecovera recibió Q 37.1 millones de recursos del Estado y Fedecoag obtuvo Q18.2 millones entre 2011 y 2014.
Con sede en Cobán, Alta Verapaz, la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera, R.L.) es una organización cooperativa autónoma fundada el 23 de febrero de 1976. «Hemos contribuido a crear un entorno económico positivo con el fin de mejorar los medios de vida de miles de pequeños productores», señala su portal de internet.
En tanto, Fedecoag es una organización cooperativa especializada en el sector agroindustrial, pecuario y comercial, con la visión de convertir a sus afiliadas en un sistema económicamente fuerte y socialmente responsable.
BUSQUE MAÑANA EL LISTADO COMPLETO
Busque mañana el listado completo de las asignaciones a ONG que han realizado los ministerios, secretarios y el Estado en virtud de las obligaciones a cargo del tesoro.
Lo invitamos a que si conoce a alguna entidad que ha hecho un buen trabajo, que lo exprese y si conoce a alguna entidad que no ha manejado el dinero de manera eficiente, que lo denuncie.
