En el tema de la administración de justicia no se pueden pasar por alto dos detalles que son pilares fundamentales de la aplicación de la ley; y es que sin objetividad e igualdad queda abierto el camino para favorecer a los amigos y castigar a los adversarios, cosa que rompe por completo con las aspiraciones de cualquier sociedad. En Guatemala hemos visto cómo el aparato de justicia se sigue moviendo en las turbias aguas de la impunidad para los que se roban los fondos públicos y la severidad para proceder contra los que critican esos terribles vicios.
Hoy la Cámara de Comercio emitió un comunicado pidiendo pruebas claras respecto a la posición en que se encuentra el Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, sujeto a una investigación por supuestamente extorsionar a los empresarios que la misma SAT denunció como contratistas del Estado que supuestamente evadieron el pago de impuestos por medio de entidades del famoso caso B410. El hecho de que se trate de empresas de alguna manera vinculadas a negocios con la pareja presidencial del período anterior hace particular la persecución penal del jefe de la SAT y por eso es clave que se investigue a fondo, incluyendo los autores intelectuales o beneficiarios de los dineros de esa estructura.
Si hay ilegalidades se tienen que investigar, sin lugar a la menor duda; sin embargo los hechos hacen dudar de la imparcialidad, objetividad e igualdad como raseros de la fiscalía, misma que no mueve un dedo para indagar sobre los muchos trinquetes que se perpetraron en el gobierno anterior, pero que está fuerte y firme cuando las empresas que tuvieron alguna relación con el Jefe de Jefes quedan expuestas.
Y más allá de la fiscalía hay también jueces que están al servicio incondicional del Ministerio Público y que resuelven no conforme a derecho y los valores de la justicia, sino a las intenciones de quienes presentan casos generalmente armados dizque como resultado de denuncias presentadas en forma anónima. Juzgadores que sin empacho ni el menor rubor resuelven para facilitar esa práctica que hay, tanto para perdonar a los delincuentes que han robado dinero público como para castigar a los que critican la corrupción por los efectos devastadores que tiene para el pueblo.
Repetimos por enésima vez que nadie puede apañar la comisión de un delito, en ninguna circunstancia, y que si hay evidencias deben ser mostradas (sin ese abuso de la reserva en los casos judiciales que sirve para encubrir mañoserías) para hacer ver a la población la objetividad e igualdad en la aplicación de la ley y que no hay manoseo para criminalizar a unos y para proteger a otros.
