El acuerdo gubernativo 189-2024, que se relaciona a la modificación de las funciones de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo (Codisra), atenta y colisiona con el artículo 35 de la Constitución de la República, que dice” es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa”… Instituciones de prensa, encabezadas por la máxima entidad de prensa del país, la Asociación de Periodistas de Guatemala, han manifestado inconformidad en torno al relacionado acuerdo, han demandado al presidente Bernardo Arévalo, hacer modificaciones a dicho acuerdo, que vulnera y contradice la norma constitucional; la APG, que este mes celebra un aniversario de fundación, promovió una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad, para que se derogue o se modifique el relacionado acuerdo.
El presidente Arévalo de León, al inicio de su mandato y reiteradamente lo ha ratificado, que será respetuoso de la libre emisión del pensamiento, y debe respetarse a toda costa la democracia. Aseguraron funcionarios de su administración, que se está considerando modificar o dejar sin efecto el artículo que atenta contra la libre emisión del pensamiento y escuchar a todas las instituciones que han manifestado inconformidad con dicha ley.
Hasta ahora, no hay ninguna resolución de la CC. de la acción promovida por la APG. Se espera que al evacuarse la audiencia que se correrá a las partes, el Ejecutivo manifieste que está en condiciones de hacer las modificaciones pertinentes, señalando que debe prevalecer la libre emisión del pensamiento. No es la primera vez que se encienden las alarmas en torno al caso que nos ocupa, en el gobierno de Otto Pérez Molina, intentó por varios medios, censurar a la prensa y el exgobernante, desistió por las protestas de periodistas y medios de comunicación.
El trabajo de la prensa, es una labor difícil, cuando políticos y gobernantes se ven afectados. El proceso incoado contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, es abiertamente ilegal, espurio, una venganza del ex presidente Alejandro Giammattei, quien en su gestión como mandatario, el comunicador, denunció en su medio, el desaparecido Diario elPeriódico, los marcados actos de corrupción en la gestión del ahora diputado del insípido Parlacen.
Varios periodistas en el régimen anterior, se vieron obligados a salir al exilio, para evitar su encarcelamiento. Para juzgar a los periodistas o cualquier ciudadano que haga uso de su libre derecho de expresarse, está una ley específica como son los jurados de impreta, conformados por vecinos, abogados y periodistas y no se debe utilizar acciones impunes para hechos que no están encuadrados en ley.
El Ministerio Público, jueces venales se han asociado para promover acciones contra comonicadores sociales y ahora que nuevamente salta la libre para callar a la prensa, es el momento de cerrar filas y todos los profesionales que se dedican a esta difícil y arriesgada labor, unirse y luchar porque debe prevalecer a toda costa, la libre emisión del pensamiento, especialmente ahora que aparentemente, hay un gobierno democrático que tiene como fin, ser respetuoso de la ley, que no se prestará a violar la Constitución, columna de la democracia, debe haber paz, tranquilidad y concordia para todos los guatemaltecos.
