Eureka B410: SAT da a conocer nuevo caso de posible defraudación tributaria

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer un nuevo caso de posible defraudación fiscal que involucra a un contribuyente que le facturó al Estado cerca de Q133.5 millones y que hizo negocios con la estructura B410, cuya operación reveló la misma institución el pasado 14 de agosto.

El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, dijo este martes de 26 de noviembre que presentaron la denuncia correspondiente ante los tribunales de justicia por un monto Q6.9 millones por la posible evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Q1.7 millones, y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por Q5.2 millones.

Asimismo, dijo que entregó una copia completa de la denuncia al Ministerio Público (MP) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC). La denuncia comprende movimientos del 2022, año auditado por la SAT. Solo en esos 12 meses la empresa recibió del Estado Q72 millones en adjudicaciones, pero facturó apenas el 50%.

Díaz indicó que detectaron una “muy baja tributación” del IVA del proveedor en cuestión y casi nula del ISR, por lo cual el contribuyente “pudo haberse apropiado” de esos impuestos que debía pagar al fisco.

En la conferencia de prensa habló de múltiples irregularidades detectadas en el proceso de auditoría, por ejemplo, que el contribuyente —del cual se abstuvo de mencionar el nombre— no fue localizado en ninguna de las direcciones que tenía reportadas, ni en la capital, ni en las que tenía que San Benito y Santa Elena, Petén.

Al requerir direcciones adicionales donde ubicarlo, se obtuvo otras dos, una también en Santa Elena, Petén, y otra en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 de la capital, pero tampoco fue hallado.

Fue hasta que le inhabilitaron el NIT —número de identificación tributaria— cuando tuvo que acercarse a la SAT y dar una dirección correcta, que se ubica en la colonia Eureka, zona 21 (de ahí se desprende el nombre del caso), entonces facilitó la contabilidad solo del 2022 y justificó que las de otros años se las habían robado.

Los auditores de la SAT al llegar a la dirección que sí existía pudieron constatar que había poco mobiliario y ningún trabajador, de hecho, la empresa no tiene ningún registro de empleados, informó Díaz.

Sumado a esto, el contribuyente pagó pocos impuestos a pesar de que recibió adjudicaciones del Estado, entre 2021 y 2024, por Q133.5 millones por un abanico de proyectos, entre estos el mejoramiento del Instituto María Josefa Rosado Lara, en Santa Lucía Cotzumalguapa, por Q32.5 millones.

En total, el Ministerio de Comunicaciones del pasado gobierno le adjudicó contratos por Q78 millones, mientras que el de Salud por Q22.3 millones, entre los cuales se cuentan el remozamiento de un centro de Salud en El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, y diferentes áreas dentro de los hospitales de Jutiapa y del Roosevelt, en la ciudad capital. La mayoría de estas compras fueron inferiores a Q90 mil.

Díaz añadió que, en San Benito, Petén, era la compañía encargada de supervisar la construcción del hospital, pero que tiene poca ejecución. También efectuó reparaciones de calles con diversas municipalidades en departamentos como Santa Rosa, Jutiapa, Guatemala, San Marcos y Quetzaltenango.

Para la SAT es una incongruencia los millones que ha facturado la compañía al compararse con sus instalaciones, puesto que la única dirección que se pudo encontrar, se ve que no cuenta con una infraestructura comercial, es una oficina con muy poco mobiliario y en donde, según el jefe de la SAT, “no hay vestigio comercial o contable importante”.

“No hay activos que demuestren capacidad empresarial. Tampoco vemos esa capacidad en infraestructura, y en registros contables aparecen algunos vehículos —registrados— pero no maquinaria”, subrayó Díaz.

Por si fuera poco, la misma dirección aparece registrada en otras tres sociedades anónimas que también facturaron al Estado Q193.2 millones, lo cual significa que, entre las cuatro, el monto de la facturación llega a Q326.7 millones.

Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez

RELACIÓN CON B410

El superintendente explicó que la compañía hizo negocios con cuatro contribuyentes de la estructura B410 quienes supuestamente le rentaron maquinaria por Q2.9 millones; sin embargo, como lo dijo desde agosto pasado, cuando se reveló este caso, estos contribuyentes de la estructura tampoco tienen el respaldo financiero ni contable para facturar.

Además, el contribuyente en mención adquirió insumos por Q5.4 millones a 17 proveedores que tampoco fueron localizados por la SAT, y compró bienes y servicios por Q9.1 millones a otras empresas en operaciones con evidentes inconsistencias, por ejemplo, el que un negocio ubicado en Coatepeque, Quetzaltenango, compró insumos a una abarrotería en Petén por una suma millonaria, o que le compró combustible por un monto que se habría consumido solo en el viaje.

“Nuestras investigaciones tributarias concluyen que tenemos indicios de que el 64% —de lo facturado por la empresa— es falso porque no tienen trabajadores y creemos que hay que investigar qué pasó con la entrega de bienes y servicios”, detalló Díaz.

Además, en la auditoría de la SAT se determinó que los 4 contribuyentes de B410 recibieron facturas de otros 7 contribuyentes de la misma estructura por Q650 millones; estos, a su vez, facturaron Q172 millones a los 19 que hicieron negocios con el contribuyente en cuestión en negocios con varias inconsistencias.

Asimismo, en el proceso la SAT detectó a dos proveedores individuales a los cuales solo identificó como «z» y «c» que facturaron Q142.4 millones a los 40 proveedores que facturaron al contribuyente del caso Eureka B410.

En total, las transacciones entre todas estas compañías, asciende a Q964.4 millones.

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— Diario La Hora (@lahoragt) November 26, 2024

INDICIOS

Aunque Díaz no reveló el nombre del contribuyente señalado de defraudar Q6.9 millones al Estado, dio indicios con los que se puede concluir que el proveedor del Estado en mención es Douglas Alexis Espinales Baños un proveedor que en el gobierno de Alejandro Giammattei, obtuvo el 90% del total de contratos que ha firmado con el Estado en su existencia.

En mayo de 2023, La Hora publicó una nota titulada como: «El Contratista Individual al que el CIV le adjudica supervisión por Q6.7 millones más«, en la que figura Espinales Baños.

Además se han publicado con varios trabajos periodísticos que muestran el comportamiento de aumento en las adjudicaciones, especialmente en el gobierno Giammattei y su pareja Miguel Martínez.

Con la dirección de la empresa registrada en el RM en 2023, este medio intentó llegar a las oficinas, sin embargo, en dos visitas que se realizaron el 19 y 26 de mayo a Residenciales Eureka, en ambas ocasiones no se permitió el ingreso.

Según datos de Guatecompras, Espinales Baños facturó Q133.5 millones, de 2021 a 2024 y entre sus proyectos se encuentra la construcción del Hospital de San Benito, Petén, un fallido proyecto que se encuentra a medias y cuya supervisión le fue adjudicada por Q15.3 millones.

Además, el mismo sitio que registra las compras y contrataciones del Estado, detalla que en 2022, Espinales Baños obtuvo contratos por Q72 millones, justo lo que Díaz informó en la conferencia de prensa.

De igual forma también le aparece la adjudicación de la remodelación del Instituto María Josefa Rosado Lara, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, por Q32.6 millones, de los cuales se le terminó pagando Q33.4 millones.

En total, durante la administración de Giammattei, Espinales Baños, obtuvo contratos por Q147.8 millones.

Otra nota de La Hora titulada como: «Suma y sigue “la fiesta” en el hospital Roosevelt: Q800 mil pagados por área sin uso«, también hace mención de supuestos trabajos que se hicieron en dicho nosocomio, no obstante las obras, o no se habían hecho o estaban mal hechas. Entre las adjudicaciones también figuraba el nombre de Espinales Baños.

LLAMADO

Díaz hizo un llamado a los contadores para que eviten «prácticas de defraudación» entre las personas individuales o jurídicas que son sus clientes. «Entendemos las relaciones de facturación entre los contribuyentes, por eso, si están pensando que van a hacer un esquema de venta de facturas, eso se acabó», advirtió el jefe de la SAT.

Al hablar de la denuncia interpuesta por la posible defraudación de Q6.9 millones, el funcionario enfatizó en que respetan la presunción de inocencia, pero que tomaron la decisión de denunciar ya que el contribuyente se negó a acercarse a la institución y entregar la contabilidad completa por lo cual no les dejó «alternativa».

«Todos los que muestren el comportamiento de que no son localizados, que interponen amparos, o denuncias de que perdieron su contabilidad los vamos a catalogar como posibles defraudadores», aseveró Díaz.

Añadió que las auditorías que practican son una «cortesía» que la SAT tiene con los contribuyentes que se ven en problemas con el ente recaudador porque a través de estas tienen la oportunidad de exponer sus argumentos y comprobar la legalidad de sus operaciones, pero que, con quien no se puede localizar, deben actuar penalmente.

MP DICE QUE FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN INVESTIGA

Otro trabajo de La Hora explica que el MP ya tenía dos denuncias en contra del contratista y que las mismas se encontraban en la Fiscalía Contra la Corrupción.

MP dice que investiga al contratista individual de los Q147 millones en la era Giammattei-Martínez