Esteban Conde
Creo que no podemos ignorar el hecho de que la calidad de las políticas públicas y la legislación para abordar problemas de la población es en muchos casos, deficiente. Esto tiene implicaciones serias a la hora de evaluar no solo el diseño, sino también la implementación y el rendimiento de estas medidas que pretenden abordar temáticas centrales para el desarrollo del país.
Es evidente que para la toma de decisiones en cualquier ámbito, la información disponible influye significativamente en la posibilidad de elegir opciones óptimas. En este sentido, información de calidad favorece decisiones bien fundamentadas, considerando adecuadamente las variables importantes.
Esto también es crucial en el ámbito privado, donde los esfuerzos se enfocan en maximizar el rendimiento de los recursos y obtener ganancias. A pesar de que las medidas adoptadas por algunos actores de la iniciativa privada puedan tener repercusiones amplias, el sector público tiene, por definición, un campo de competencias mucho mayor. Por tanto, sus acciones afectan a un mayor número de personas.
Es por esto que el manejo de los datos es esencial para que el funcionamiento del sector público ofrezca mejores resultados. Para ello, es necesario generar una política de datos que se enfoque en producir información de calidad, contrastada y útil para la toma de decisiones que afectan la forma en que se abordan los problemas presentes y futuros del país.
Es esencial que la colaboración interinstitucional sea el pilar para la generación, gestión y uso de los datos. Como mínimo, se deberían consensuar unidades básicas de análisis para establecer fundamentos metodológicos en el manejo de datos del sector público. Asimismo, las instituciones que manejan información similar deben hacerlo de forma coherente, ya que si cada institución tiene carta abierta para decidir cómo genera y maneja sus datos, análisis más profundos basados en el cruce de múltiples variables podrían ser inviables.
Esto se refleja en aspectos como la multiplicidad de fuentes de las que se pueden obtener datos similares, pero desalineados. Por ejemplo, al referirnos a información geográfica, útil para implementar soluciones de infraestructura, políticas demográficas y la provisión de servicios de salud, seguridad y educación entre otros. Para el manejo de tal información, el Registro de Información Catastral (RIC), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) pueden discrepar significativamente al medir la superficie de un municipio y establecer su delimitación. Esto altera los cálculos demográficos y genera deficiencias en la asignación de recursos debido a la falta de cohesión en la información de entrada.
Un ejemplo de esto se observa en los Planes de Desarrollo Municipal elaborados por SEGEPLAN, que incluso citan más de una fuente al considerar la información para la planificación estratégica de recursos técnicos y financieros. Esto sin mencionar las implicaciones de una metodología censal cuestionable, que puede generar datos subrepresentados en los informes públicos y revelar que algunos de los indicadores más alarmantes en Guatemala son incluso más dramáticos de lo que parecen.
En la era de la información es vital lograr alianzas interinstitucionales que provean datos de la mejor calidad posible, facilitando la creación y el seguimiento de soluciones. En un mundo interconectado, donde la cooperación entre naciones es fundamental, la transferencia de conocimientos es una herramienta a disposición del gobierno para aprender las mejores prácticas de otros países y modernizar el manejo de datos en el sector público. Tales medidas podrían generar condiciones más favorables tanto para quienes toman decisiones como para la ciudadanía que busca fiscalizarlas. Una política de datos bien gestionada se perfila como un pilar para traer desarrollo a un país que lo necesita con urgencia.
