POR WALESKA HERNÁNDEZ
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apelaron la libertad condicional de la jueza Jisela Reinoso quien dejó el Centro de Detención Santa Teresa ayer por la noche, tras cancelar una multa de Q150 mil.

Reinoso enfrenta proceso penal por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de prestar declaración patrimonial jurada.

De acuerdo con los entes de investigación los motivos primarios para solicitar la detención de la togada no han cambiado, a pesar de encontrarse separada de su puesto en el juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. La Fiscalía indicó que uno de los testigos clave en el caso dijo ser objeto de intimidaciones, por lo que la libertad de Reinoso podría poner en riesgo su colaboración.

Pese a que la audiencia era solo de revisión de medida de coerción, en un proceso que no se encuentra bajo reserva, el juez Darwin Porras no permitió el acceso a los medios de comunicación.

El presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rafael Rojas, aseguró que solicitará a la sala correspondiente un informe sobre las razones que motivaron al juez para no permitir el acceso.

Según el funcionario todos los procesos son públicos, a menos que por mandato legal se reserve el caso.

Ayer, Porras benefició a Reinoso con arresto domiciliario a cambio del pago de una fianza de Q150 mil.

Además, la jueza está obligada a firmar el libro del juzgado cada ocho días, para asegurar su permanencia en el país y tiene prohibición de acercarse al testigo del caso.

Maximiliano Cermeño, abogado defensor de Reinoso, considera que la decisión de Porras es razonable y objetiva, ya que los tres delitos que se le imputan gozan de medida sustitutiva.

A su parecer, ella tiene un derecho natural de estar libre en su casa y con su familia, mientras se lleva a cabo el proceso. “La prisión es el ultimátum que debe tomar un juez cuando existe peligro de fuga o de intervención. Ninguno de los dos criterios aplica al caso”, indicó.

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