El tema de la corrupción en el manejo de los fondos públicos es y ha sido una preocupación generalizada, pero en especial de La Hora por el efecto que ello tiene en la vida diaria, tal y como se ve en temas tan críticos como la desnutrición infantil, la falta de infraestructura, oportunidades y la necesidad de millones de guatemaltecos para emigrar en busca de un rumbo distinto del que están encontrando en su país. Para lidiar con ese complejo asunto es vital disponer de un sistema de justicia que castigue severamente a quienes se enriquecen prostituyendo la función pública y haciendo que el Estado deje de cumplir sus fines esenciales para dedicarlo, de lleno, a la generación de mordidas.
Pero ya sabemos que esa aspiración, de que se aplique correctamente la ley a los que roban el erario público, no se va a cumplir por los arreglos que hay entre las mafias y quienes por ley estarían obligados a investigar los delitos de enriquecimiento ilícito y el consiguiente lavado de dinero, se deben buscar otras vías para crear modelos que eviten el latrocinio. Los vasos vinculantes entre quienes están llamados a investigar y las facetas del crimen, cada vez son más preocupantes.
La otra entidad que por mandato legal tiene que vigilar el uso del dinero del Estado es la Contraloría General de Cuentas (CGC), misma que tampoco aporta mucho porque el actual sistema le ordena revisar a posteriori las operaciones que implican el gasto de fondos públicos. En otras palabras, la CGC debiera tener facultades para participar en todos los procesos de negociación que se hacen en contratos o adquisiciones del Estado, a fin de que pueda prevenirse el mal uso de los recursos públicos.
Entendemos que si ahora el Ministerio Público funciona como tapadera, la Contraloría históricamente ha jugado ese triste papel, al punto de que el nombramiento de los Contralores deriva de acuerdos y pactos para no “molestar” a quienes detentan el poder y sus aliados y por eso ahora debemos aprovechar la disposición que expresan las autoridades de la CGC para ir un paso adelante y no llegar cuando ya se robaron las vacas.
Tenemos que buscar cualquier vía que nos permita enderezar el rumbo y cumplir con el sagrado mandato de los electores en las pasadas elecciones, cuando el tema de la corrupción fue el principal asunto que llevó al pueblo a dar su voto por el candidato que parecía no tener vínculos con las poderosas mafias que han controlado el sistema por años. No hay que escarbar mucho para entender que la población se siente frustrada porque esa voluntad popular ha quedado, como tantas veces pasa, en el aire y aunque en las circunstancias actuales son fuerzas ajenas al Ejecutivo las que alientan las mañas, es indispensable dar pasos para intentar otras vías.
Y una de ellas puede ser la reforma a la ley que rige el trabajo de la Contraloría, señalándole la obligación de supervisar paso a paso, cuando están ocurriendo, las decisiones del Estado en las compras y contrataciones. Sin un MP que investigue ni una Contraloría que prevenga, no hay esperanza de que podamos realmente terminar con las malas prácticas que empobrecen al país y a sus habitantes.
Y ahora que todo lo que pasa en el Congreso termina aprobado, no debería hacer excusa que valga para lograr los ajustes, en especial dadas las condiciones que están en juego con el Presupuesto 2025.
