La sesión maratónica que tuvieron los diputados y la junta directiva la tarde del 19 y madrugada del 20 de noviembre tuvo como resultado la aprobación de la Ley de Competencia, que por años fue discutida en la comisión de Economía y Comercio Exterior.
Aunque hubo diferencias en la redacción de varios artículos, esa normativa se aprobó con varias enmiendas en los primeros artículos, de los 121 que conforman el Decreto 32-2024.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, calificó de histórica la plenaria, porque el Legislativo escribió una página en favor de la agenda legislativa que representa los intereses de los guatemaltecos.
«La joya de la corona es la Ley de Competencia, que pasó a las 2 de la mañana. No podemos creer que los diputados sí nos hemos comprometido en atender las demandas de los guatemaltecos», explicó Ramos al finalizar la sesión.
Agregó: «Fue una reunión maratónica, donde cumplimos con el mandato que el pueblo nos delegó. Éramos casi el único país que no contaba con un instrumento de esa naturaleza, es una ley épica».
De acuerdo con el congresista, esa normativa sancionará prácticas anticompetitivas, y puede repercutir en costos de productos, lo cual promueve la libre empresa y protege los bolsillos de los ciudadanos.
DIRECTIVA TAMBIÉN SE EXPRESA POR LEY PARA GANADEROS
Asimismo, Ramos mostró su agrado por la aprobación de la Ley para la integración del sector productivo, primario y agropecuario.
El legislador expresó su reconocimiento al trabajo de los guatemaltecos que invierten sus recursos en la actividad pecuaria y agropecuaria.
Ramos agregó que se generan condiciones para que las personas de esa actividad económica tributen «en favor de Guatemala» y no se les persiga y señale por una actividad lícita, por lo que apoyan a los comerciantes que en forma lícita realizan sus operaciones.
Remarcó que es un instrumento «justo para pagar impuestos y formalizar sus negocios».
Por último, el titular indicó que otra de las actividades que realizaron los diputados fue la juramentación del presidente del Organismo Judicial, con el cual se da por finalizado el proceso para la renovación de las Cortes, y así generar condiciones de certeza jurídica.
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