Estamos viviendo una grave crisis política. La reciente iniciativa del CACIF y de ASIES proponiendo que se reúnan la Presidencia, la Junta Directiva del Congreso, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para “zanjar sus diferencias” (PL, pág. 3, 19/11/2024) es improcedente. Esta propuesta es, en la práctica, un frente para la defensa de la Fiscal. Ya no hay espacio para opciones pusilánimes. La Fiscal General se debe ir YA.
Lo que estamos viviendo es una versión de ese fenómeno tan de moda denominado “lawfare”, la guerra judicial para lograr objetivos políticos. Aunque el marco legal es relevante, esta no es, en esencia, una crisis que se puede entender ni resolver desde una perspectiva jurídica. Tampoco es una lucha entre el Presidente y la Fiscal General.
Desde un análisis bastante simplista, vislumbro tres grupos de actores principales involucrados en esta crisis.
El primer grupo se visibiliza a través del Ministerio Público. Pero la Fiscal General es tan solo la punta del iceberg que se ha ido construyendo con el surgimiento y aglutinamiento de redes político criminales, donde el crimen organizado subyace. Al MP lo acompañan otros actores institucionales cooptados en esa convergencia perversa, particularmente una parte de las cortes y del legislativo. Su objetivo es defenestrar al gobierno de Bernardo Arévalo y han sido absolutamente coherentes con esa pretensión. Son abiertamente golpistas y su propósito es continuar con la corrupción y la impunidad que la permite.
Caminando en paralelo a los actores referidos encontramos a un segundo grupo: ciertas élites empresariales que son vergonzantes acompañantes de ellos. No simpatizan con las mafias golpistas, pero prefieren tener a un MP que juegue el rol de ser la “espada de Damocles” que permanentemente ronde el cuello de Bernardo Arévalo para que no avance en el camino de eso que ahora se denomina “progresismo”. Allí también están las élites conservadoras, unas verdaderas y otras farsantes, que están obsesionadas con derrotar el “woke”, porque según ellas se ponen en riesgo los valores tradicionales, religiosos y morales.
Y el tercer grupo son el Presidente, sus ministros y secretarios y los diputados de Semilla. En lo que respecta a este grupo, Bernardo Arévalo debe ser el Capitán del Barco, él tiene la legitimidad para serlo. El pueblo votó contra la corrupción, no por un partido político, e identificó a Bernardo Arévalo como el líder para dirigir esa lucha.
Con este grupo aún están las autoridades ancestrales y los campesinos que, aunque parcialmente decepcionados, continúan apoyando al Presidente. Esta convergencia popular debe ser ampliada. Falta la incorporación de la población urbana, principalmente de los sectores populares.
Superar la crisis política supone una correlación de fuerzas urgente que respalde una solución política, amparada en la primacía de las normas constitucionales que le dan al Presidente la potestad de destituir a la Fiscal General. La ley del MP, como normativa ordinaria que es, no puede limitar esa prerrogativa constitucional. Esta norma es un adefesio jurídico, hija de errores cometidos por la CICIG y sus acompañantes.
En lo que respecta al ámbito internacional, la batalla diplomática Arévalo la tiene, hasta ahora, ganada; pero sólo con ella no ganará la guerra.
