El golpe de Estado fraguado luego de la noche triste para el pacto de corruptos, aquel domingo 25 de junio del 2023 cuando los corruptos sabían que Sandra Torres no ganaría, aunque pasara sola a la segunda vuelta. Desde entonces planearon un golpe de Estado para que Arévalo no ganara las elecciones, elecciones que finalmente ganó luego de intensas movilizaciones ciudadanas que defendieron el voto día y noche, y de un apoyo internacional sin precedentes en la historia de Guatemala. La defensa del pueblo de Guatemala, principalmente de los 48 Cantones de Totonicapán, pero realmente de todos los rincones del país fue para defender la democracia, pero claramente la democracia ha sido definitivamente conquistada, usurpada por el pacto de corruptos formado por poderes de un grupo empresarial rancio de la derecha guatemalteca y por narcofinancistas a quienes les interesa un gobierno débil.
El Ministerio Público ha sido el brazo que ejecuta todas las recomendaciones del rancio pacto de corruptos, todas. Se han dedicado maliciosamente a inventar casos en contra del partido político Semilla y contra el mismo presidente Bernardo Arévalo, con una docena de solicitudes de retiros de inmunidad. ¡Una docena! Este ataque está basado en mentiras que las transforman en verdades jurídicas a fuerza de tener algunos jueces corruptos capaces de confundir maliciosamente verdad con mentira, justicia con revancha, evidencia con invento. Es claro que el Ministerio Público se ha dedicado a hostigar a quienes luchan en contra de la corrupción y el autoritarismo y no a investigar los grandes casos de corrupción en este país, menos los pequeños casos de delitos que a diario ocurren. Es ya una institución cooptada y politizada.
Este modelo venía desarrollándose como coletazo de los hallazgos de la Comisión Internacional Contra la Corrupción, CICIG, cuando el pacto de corruptos puso a la marioneta Jimmy Morales como presidente, un payaso sin criterio y capaz de vender su alma al diablo. El mismo ubicó a Consuelo Porras como jefe del Ministerio Público con el fin de destruir todos los logros de la CICIG y atacar cuanto caso hubiera armado la Comisión. No defendimos entonces que sacaran ilegalmente al Comisionado, ni que atacaran a la CICIG porque no creímos que la democracia estaba en peligro. Peor aún, ganó las elecciones el peor presidente que hemos tenido Alejandro Giammattei y su pareja, quienes además de volver a elegir ilegalmente a Porras como fiscal general, pues presentó un título falso de doctora ya que plagió su tesis, se dedicó a destruir toda la institucionalidad en el país. El gobierno actual ha puesto casi dos centenares de denuncias sobre estos atracos y el silencio es total en el Ministerio Público, no digamos los grandes casos como el B-410 que parecen el mejor secreto del pueblo.
El sistema de justicia está cooptado. Cada acto del Ministerio Público lo demuestra. La judicialización espuria de procesos en contra de Jose Rubén Zamora a quien tuvieron cautivo años no se compara con la forma en que resuelven casos de fraude como el del Libramiento de Chimaltenango, dándole una sentencia ridícula a José Luis Benito y sus mal adquiridos 122 millones de quetzales. Así que el sistema judicial, empezando con la labor oficiosa de la fiscal se ha enfocado en poner demanda tras demanda al nuevo gobierno de Arévalo. Simplemente no han dejado trabajar al Ejecutivo haciéndonos pensar que lo que realizan es literalmente un golpe de Estado, porque el poder lo tiene la fiscal general.
Ahora bien, quién le explica al presidente Arévalo que él es presidente y no diplomático. No votamos por él para que intente negociar diplomáticamente. Votamos por él para que haga una transición y recupere la democracia y no que juegue a una democracia falsa. Este es el momento para que se defiendan los resultados electorales del 2023, que se sepa que nosotros no votamos por una fiscal general, ella no fue electa. El voto se lo dimos a Arévalo para defender la democracia. El camino está trazado, el golpe de Estado sigue, sigue hasta que lo logren. Pero no nos confundamos, no es una pelea personal entre Arévalo y Porras, no. Ellos solamente son los actores políticos coyunturales que representan movimiento sociales diferentes. Por un lado, aquellos que viven de la corrupción, una minoría, defienden las acciones ilegales del pacto de corruptos y de su brazo pseudo judicial. Por otro, estamos nosotros, el pueblo, quienes queremos una sociedad más justa, con más oportunidades de trabajo, con más honestidad donde nuestros familiares no tengan que emigrar a Estados Unidos para conseguir dinero a costa de destruir su familia, una sociedad donde tengamos libertad de opinar, libertad de elegir a quien nos gobierne. Esa es la sociedad que queremos y no la sociedad del pacto de corruptos.
Arévalo está en una encrucijada: O endurece su gobierno y destituye a la fiscal o el pacto de corruptos lo destituirá a él y con ello se llevarán a la basura la decisión electoral nuestra, la del pueblo. La decisión de vivir en una democracia y no en una dictadura es nuestra. Ah no, dirán algunos, Arévalo no puede destituir a la fiscal porque sería ilegal. Pero este no es un problema legal, es un problema político que pone en riesgo la misma democracia débil nuestra. Como es un problema político, somos todos los que queremos vivir en una democracia quienes debemos acompañar a Arévalo a restituir, a recuperar la democracia usurpada nuestra. Somos todos los que debemos entender que esta no es una peleíta entre una fiscal berrinchuda y un presidente, sino una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Vamos presidente Bernardo Arévalo, aún es tiempo de recuperar esta democracia usurpada nuestra, vamos. Si no es ahora, no será nunca.
