Un principio fundamental del derecho es la igualdad de los habitantes de un país ante la ley, misma que se debe aplicar de manera imparcial y sin ningún tipo de favoritismo o perversa intención; en otras palabras las personas tienen que recibir idéntico trato en materia legal y el sistema de justicia no puede ni debe operar con criterios distintos. Viene al caso ese tema de extraordinaria importancia al observar la agilidad con que el Ministerio Público logró que un juez permitiera iniciar proceso penal contra el ex ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, apenas 2 días (inhábiles) después de quedar sin inmunidad, lo que contrasta con los 309 días que llevan sin investigar a Miguel Martínez o Alejandro Giammattei.
Creemos que cualquier hecho delictivo tiene que ser investigado, para determinar responsabilidades, y castigado cuando se compruebe que fue perpetrado. Nadie, absolutamente nadie, puede estar al margen de los principios legales que rigen cualquier Estado de derecho. En ese contexto no estamos diciendo que Félix Alvarado no puede ni debe ser objeto de investigación por algún delito relacionado con lavado de dinero, aunque no se refiera a su función como ministro sino al tema concreto de Semilla. Pero es obvio y no hace falta ser muy observador para detectar el doble rasero que usa el MP para marcar sus prioridades,
Es evidente el contraste entre la diligencia con que actúan las fiscalías y los jueces en contra de personas ajenas a los poderes oscuros que generaron la captura del sistema de justicia y la parsimonia, que llega a total indiferencia, frente a casos documentados de corrupción que involucran a quienes detentaron el poder y se enriquecieron a costillas de las necesidades del pueblo. Jamás diríamos que no se debe investigar la posible comisión de un delito, pero preocupa seriamente el doble rasero que se utiliza en Guatemala.
Eso convierte nuestra ley en un instrumento de opresión y castigo para quienes no forman parte de un sistema podrido que ha causado tanta desgracia a mucha gente, luego que el Estado abandonó el cumplimiento de sus obligaciones elementales para dedicarse únicamente a facilitar el enriquecimiento ilícito. Obviamente estas condiciones hacen que mucha gente honesta se abstenga de cualquier participación en la función pública porque es ya norma establecida que las piezas del sistema se moverán en contra de aquellos que hagan cualquier cosa que atente contra ese patrón criminal que se alentó en todos los poderes del Estado.
Efectivamente, cumplir la ley es fundamental para el Estado de derecho y se tiene que respetar la separación de poderes que manda la Constitución, pero esa misma Carta Magna tiene, como punto de partida, la igualdad en la aplicación e interpretación de la ley, sin excepciones ni favoritismos.
