Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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Con gran pompa, el Congreso anunció la aprobación del Decreto 26-2024, Ley de Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional. Los actuales legisladores aseguran en la página web del legislativo que la normativa aprobada “garantiza puertos seguros” y “garantiza estabilidad y mejores precios de la canasta básica”. No podía faltar el zalamero lambiscón felicitando a la actual legislatura por la aprobación de dicha ley.

De no haberse aprobado esta normativa, era muy probable que los puertos de Guatemala, como destinos marítimos, fueran incluidos en una lista de puertos no seguros, con lo que las navieras no dueños de barcos no hubiesen atracado en nuestro país. La aprobación de esta ley es una obligación para la actual legislatura. La pompa de haberlo hecho sobra.

Esta ley por sí sola no va a garantizar puertos competitivos, menos que mejoren los precios de la canasta básica. Para lograr ese objetivo, lo que se debe hacer es invertir en los puertos para mejorar su infraestructura, ampliar la cantidad de atracaderos (muelles) y dragar para aumentar los calados de los puertos. La ley de marras no va a hacer todo lo anterior. Aunque la misma estípula un plazo de ciento veinte días para presentar el anteproyecto de una Ley General del Sistema Portuario Nacional y seis meses para emitir la primera Política Portuaria Nacional, ambas, la ley y la política, lo anterior no asegura competitividad, menos inversión, que es lo que realmente se necesita.

Sin buscar mucho, Puerto Quetzal, desde su planificación en la década de los 70’s del siglo pasado, contaba con un plan maestro de crecimiento, previendo un crecimiento en el comercio marítimo del país, que es lo que efectivamente ha ocurrido.  Sin embargo, dicho plan fue engavetado y olvidado por las distintas administraciones que ha tenido dicho puerto, y que ahora lo presentan como la “solución”. ¡50 años después de que el documento fue redactado! Y se invita a “participar” en la construcción de nuevos atracaderos, cuando es vox populi que hay compadre hablado con los de la foto, incluyendo exclusividad, para nuevos atracaderos. En vez de democratizar el concurso y los atraques.

Y mientras aquí nos remolemos, en Perú, por no ir tan lejos, construyen el megapuerto de Chancay, que contará de inicio con 10 atracaderos para contenedores con grúas que tienen una rata de 50 contenedores por hora-grúa, calado de 17.8 metros para recibir barcos pos panamax, inclusive. De inicio manejarán 1 millón de contenedores anuales. Quienes gestionan dicho puerto tienen harto claro que uno de los objetivos primordiales del puerto es que los buques permanezcan atracados el menor tiempo posible, garantizando (ahora sí) eficiencia y menores costos portuarios para todos los productos, no solo los de la canasta básica. 

Mientras nuestros diputados se embriagan de soberbia por el “éxito” de aprobar una ley que no les quedaba otra más que aprobarla, a pesar de las objeciones de la bancada de Vamos, vemos que en otros países latinoamericanos sí trabajan para tener puertos de primer orden a nivel mundial en todos los aspectos.

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