Juan José Narciso Chúa
Cuando se habla de inversión pública como forma de facilitar la movilización del factor trabajo, se señala que la inversión en obras públicas como carreteras o puentes propician el transporte de personas entre un lugar y otro y con ello los trabajadores pueden llegar a su centro de trabajo, aunque el mismo no se encuentre en su propia localidad o comunidad.
En el caso de la producción, la obra de infraestructura permite que se muevan o trasladen los productos agrícolas, por ejemplo, de un lugar a otro y así llevarlos a diferentes mercados en donde puedan ser sujeto de compra y con ello no sólo asegurar las dinámicas de oferta y demanda, sino principalmente asegurar la generación de ingresos para las personas dedicadas a determinada actividad laboral.
La importancia estratégica de la inversión pública a través de obra física se puede visualizar por sus características de durabilidad en el largo plazo, así como su condición de establecer la posibilidad de interconexión entre diferentes regiones, departamentos y localidades, con lo cual se abren oportunidades de mercado, de diversificación de productos, existe mayor cantidad de opciones para los consumidores, se propician mejores condiciones de mercado y, en particular, se abre la competencia.
Desafortunadamente en Guatemala, estas ventajas de la inversión pública se han visto superadas por utilizar las obras físicas como mecanismo para la corrupción, en tanto se realizan inversiones en capital fijo pero buscando contratos arreglados en donde se establecen comisiones para funcionarios y empresas; pero con la desventaja que las obras de infraestructura se pactan con precios altos, pero sus especificaciones de construcción son las más baratas, propiciando así que las mismas tengan una vida limitada, se pongan en riesgo la vida de las personas que las utilicen o que a partir de un fenómeno atmosférico adverso, se destruyan y deban reconstruirse, con lo cual el propio Estado resulta invirtiendo en obras con vidas útiles extremadamente cortas o sin condiciones de sostenibilidad técnica en el tiempo.
En el momento que se inicia la discusión del proyecto de presupuesto para el 2015, el listado geográfico de obras se convierte en la manzana de la discordia por parte de diputados, funcionarios y alcaldes, pero sin el sentido estratégico de la inversión pública, sino en la disputa por obras para asegurarse comisiones que sustentan el tráfico de influencias y la ocurrencia de capitales provenientes del ilícito.
Si a todo ello se le suma un Congreso de la República en donde sus integrantes responden a intereses particulares o fácticos como ha ocurrido últimamente con la denominada Ley Monsanto, la Ley Tigo y la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo, así como ministros que se dedican a mercadearse a través de la inversión pública, pero sin sentido de beneficiar a la economía y a las localidades, la situación del país no cambiará, sino al contrario continuará siendo presa de la tendencia a la actuación clientelar la corrupción y hará más porosa la institucionalidad del Estado para seguir con su constante erosión y socavamiento sin fin.
