Las víctimas, sobrevivientes y familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos llevan más de 30 años esperando que a través de la justicia, le sean mínimamente reparados los agravios y la violencia cometida en su contra. Una de esas poblaciones que sufrió la política de Estado de exterminio y terror, fue la población Ixil, que con valentía a reclamado justicia, ha dicho ante el mundo la verdad y ha logrado sentar en tribunales a los altos mandos que diseñaron e implementaron las acciones de Genocidio. En años previos, dos tribunales de justicia guatemalteco resolvieron que en Guatemala Si Hubo Genocidio y ha responsabilizado a los altos mandos del ejército de tal situación.
Así como sucedió contra Efraín Ríos Montt golpista y jefe de facto de 1982 a 1983, hoy está frente a un tribunal Benedicto Lucas García quien fuera Jefe del Estado Mayor, durante la presidencia de su hermano, el también militar Romeo Lucas García. Fue durante ese periodo, en pleno Conflicto Armado Interno, que el gobierno de la República diseñó e implementó la política de exterminio contra lo que era considerado el enemigo interno y dentro de esta categoría perversamente construida, se incluyó al Pueblo maya Ixil. El genocida Benedicto Lucas, está siendo responsabilizado por la muerte de 1,200 personas de la población Ixil, entre quienes se encuentra niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores a quienes se les cometió hechos atroces, tales como masacres, ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, entre otras graves violaciones a derechos humanos.
Aunque este proceso se da en un marco de profunda cooptación de las instituciones del Sistema de Justicia, las víctimas, las y los sobrevivientes, sus familias y la población guatemalteca, espera una única resolución del Tribunal que hoy conoce la causa contra Benedicto Lucas. Dicha resolución es condenando y responsabilizando al militar por el delito de Genocidio y Deberes contra la Humanidad. Al Tribunal de Mayor Riesgo A debe de tomar en cuenta los testimonios de cientos de testigos, los peritajes e informes forenses, así como las dos resoluciones previas, donde se resolvió la existencia del delito de Genocidio y la participación de funcionarios militares de la época.
Es tal el deseo de impunidad, por los grupos vinculados a las mafias y a los criminales que cometieron Genocidio, que por ejemplo la fiscal general ha destituido de manera ilegal al fiscal que llevaba la acusación en este proceso y otro tribunal ha favorecido a militares implicados en el otro caso conocido como CREOMPAZ en donde se da cuenta de la desaparición y ejecución de cientos de personas. Hoy el Tribunal de Mayor Riesgo A tiene ante sí las pruebas, los testimonios y la verdad, con lo cual no debe de existir el menor indicio de duda de que en Guatemala hubo Genocidio y que el ex jefe del Estado Mayor del ejército participó en el diseño de la política genocida, dirigió e implementó muchas de las acciones que culminaron en el Genocidio contra el Pueblo Maya Ixil.
