Es situación hipotética, ya que no he recibido el respaldo popular para ser presidente que Arévalo recibió desde el 20 de agosto de 2023, aunque sí sé que se le otorgó para expulsar a las mafias corruptas en el Estado. También es hipotética porque no tenemos el presidente que vaya a tomar las acciones que mencionaré, por lógicas y necesarias que sean. Primero, consciente de la situación de las y los migrantes guatemaltecos irregulares en EE.UU. y de la crisis que generaría su deportación, exigiría hoy mismo al presidente Biden que se conceda el TPS y otras medidas de protección temporal a guatemaltecos irregulares antes de la toma de posesión de Trump. Después de veinticinco años de carecer de protección migratoria, pese a numerosas calamidades y tragedias en nuestro país, tanto naturales como políticas, no podemos permitir que Trump cumpla su promesa de deportar en su primera semana de gobierno a todos esos trabajadores y trabajadoras de Guatemala que han contribuido al desarrollo estadounidense.
Segundo, al leer los reiterados abusos de poder de Porras y Curruchiche, incluidos sus mensajes de felicitación y pleitesía a Trump, sin nada qué ver con sus cargos de fiscales, y los numerosos señalamientos de la población, las víctimas y la comunidad internacional por la “guerra judicial” de esos perversos personajes, que ha causado dolor y daño y ha traído temor a la población -tiene a más de doscientas personas como presos políticos, docenas bajo maliciosa investigación o en prisión domiciliar y muchas más en exilio forzado- con base a la potestad que la Constitución otorga al presidente de la República y al desempeño inadecuado de sus funciones que la Ley del Ministerio Público señala como justificación para remover al Fiscal General, removería a Porras y Curruchiche de inmediato y abriría una amplia y profunda investigación sobre ella y él, por asociación ilícita para delinquir, junto al partido Vamos, jueces y magistrados que han ayudado a la “guerra judicial” y el expresidente Giammattei y su pareja, Miguel Martínez, con inmediata prisión preventiva para quienes no gocen de antejuicio. Cualquier acción en contra, la consideraría como un acto de complicidad con la “guerra judicial”, y tomaría las medidas correspondientes para evitar que se obstruya la justicia, incluida la separación de sus cargos de funcionarios públicos, desde la CC hasta el ejército.
Estas medidas tendrían consecuencias inmediatas: darían esperanza a la población y generarían entusiasmo para enfrentar la nueva “era trumpista”, a partir de enero, una gran amenaza para la democracia y la estabilidad de nuestro país, sabiendo que el edificio de la corrupción y la impunidad se desmoronaría antes de que finalice el 2024. Estas medidas recibirían igualmente el apoyo de la comunidad internacional, incluido el gobierno de Biden, quien antes de dejar el cargo desearía ver a Guatemala saliendo, firmemente, de la podredumbre de la corrupción y la impunidad. ¿Qué arriesgaría el presidente? Solo el intento de rebelión de las mafias corruptas y golpistas; pero, sin contar con el apoyo de Washington, no dudo de su fracaso.
