Lourdes Reyes, reyeslourdes691@gmail.com, Instagram: Lourdes_.11
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El 8 de marzo de 2017, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción se convirtió en el escenario donde se vivió una tragedia que escandalizó profundamente a Guatemala. Un incendio se cobró la vida de 41 niñas y adolescentes, expuso las fallas graves en la administración y protección de menores en el país. Este caso ha sido una revelación y una serie de fallas sistemáticas y negligentes por parte del gobierno. Las sobrevivientes y familiares de las víctimas han compartido que fue una historia de abandono, negligencia, abuso y poca o nula supervisión. El juicio de estas responsables ha tardado más de lo pensado debido a constantes suspensiones y retrasos, lo que solo ha aumentado el sentimiento de impunidad y desolación en las familias.
Si bien este informe se refiere específicamente a Hogar Seguro Virgen de la Asunción, no es un caso aislado. Las adolescentes en Hogar Zafiro I, también en la Ciudad de Guatemala, han sido objeto de maltrato y abandono. Varios han denunciado públicamente las condiciones inhumanas, y algunas dejaron el proceso de protección debido a desesperación. La mudanza al nuevo complejo debería haber sido una oportunidad para arreglar lo que estaba roto en octubre de 2021. Sin embargo, varias adolescentes escaparon durante el proceso de relocalización, lo que demostró aún más la falta de control y cuidado.
La historia de ambos hogares es un patrón de extremada negligencia del Estado hacia la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad. Cada testimonio en este informe es un grito de auxilio y al mismo tiempo una señal de la urgente necesidad de reforma y supervisión.
Los familiares de las víctimas exigen justicia, no solo para honrar a los fallecidos, sino para prevenir que tragedias de la magnitud vuelvan a ocurrir. Los años de retraso que lleva el juicio y las medidas tomadas hasta ahora son un triste ejemplo de la indiferencia y la burocracia que sigue permitiendo que los más vulnerables sufran.
Es por ello que el Estado guatemalteco tiene el deber y la responsabilidad de actuar a fin de garantizar la protección y el bienestar de todos los niños y adolescentes bajo su custodia; de lo contrario, se perpetuará el dolor y las heridas que estas tragedias han dejado abiertas seguirán aumentando.
