Hace algunos días se publicó una muy importante convergencia entre el titular del Ministerio de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y el STINDE, Sindicato de Trabajadores del INDE. Ambos coincidieron en un asunto fundamental, la oposición a la condonación de la deuda millonaria que tienen algunas municipalidades con dicha institución, la cual asciende a más de tres mil millones de quetzales. El Congreso de la República, mediante la promulgación de una ley, pretende que tal acción se produzca.
Hay múltiples argumentos para oponerse a esta pretensión de algunos alcaldes, de la propia Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, y de los diputados que la promueven en el Congreso.
La discusión al respecto puede hacerse desde varias dimensiones. La primera es la jurídica. Este nivel de análisis es el que ha prevalecido al tener que decidir sobre problemas fundamentales del país. Quedarse allí conduce a desnaturalizarlos, absolutizando una de las dimensiones que lo componen. Es el reinado omnipotente de la norma jurídica, anulando muchas veces la esencialidad de lo que se discute, cuyo corolario es ubicar a los juristas (cuando no a los simples abogados, regularmente positivistas) como los actores principales de ese reinado omnipotente.
También podría abordarse este caso desde una perspectiva ética, ya que la deuda cuya condonación se pretende es producto de la apropiación indebida por parte de las municipalidades del pago que recibieron de los vecinos por el servicio prestado. O sea que los vecinos le pagaron a la alcaldía, pero ella no le pagó al INDE.
Otra opción de análisis podría ser la necesidad de no debilitar a las municipalidades obligándolas a ejecutar recursos que ya no tienen porque se los gastaron en otras cosas.
Todos esos ángulos de análisis pueden darse, pero el que yo quiero plantear los trasciende y aborda el problema planteado desde una perspectiva, a mi juicio, más estratégica. Me refiero a la convergencia entre el gobierno y el movimiento sindical estatal que se da ante este caso.
En Guatemala, el sindicalismo del sector público es el sobreviviente de una política criminal de eliminación del sindicalismo, a través de la represión, incluido en ella el asesinato de sus dirigentes.
El sindicalismo público sobrevivió a esa acción estatal criminal en la época contrainsurgente, pero fue empujado a convertirse en uno absolutamente blanco, es decir sin una visión política más allá de sus reivindicaciones básicas, a la defensa de ellas y de los privilegios que sus dirigentes obtenían. Se distanciaron totalmente de los propósitos transformadores del sindicalismo, en la lucha social y política. Por eso el sindicalismo público ha terminado pervertido y sumido en la corrupción.
Se olvidó la diferencia sustancial que hay entre el patrono en el ámbito privado de la producción y la naturaleza del Estado como patrono. En la relación con el primero, el trabajo es un factor que produce la ampliación del capital patronal. En la relación del trabajador con el Estado como patrono, lo que se produce es un servicio público, no el enriquecimiento de este. En pocas palabras, el Estado no se vuelve rico con el trabajo de sus empleados, sino que se vuelve más fuerte para poder desempeñar la función que le corresponde.
La lucha conjunta entre el gobierno, en este caso representado acertadamente por el Ministro del MEM y el STINDE está en función de fortalecer al Estado, no de obtener beneficios sectoriales o individuales.
Ojalá esta lucha MEM/STINDE sea el atisbo de un nuevo sindicalismo público, convirtiéndolo en uno transformador. Ya no más un sindicalismo público “blanco”, corrupto y servil a la corrupción.
