Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hoy publicamos un reportaje sobre las condiciones en que se encuentra el Organismo Judicial desde el punto de vista financiero que debiera de causar espanto e indignación a todos los guatemaltecos y que se suma a la crisis que también vive financieramente el Ministerio Público. Para aquellos que afirmaron que el comisionado de la CICIG estaba medio loco por hablar de un impuesto para sufragar el costo de la lucha contra la impunidad, este reportaje resulta lapidario porque demuestra que nuestra Justicia no tiene viabilidad debido al ahogo presupuestario que se le impone y porque, como dice cínicamente un diputado, no ve condiciones para juntar al pleno para abordar ese tema, especialmente en medio de esta época de convivios.
En el fondo hay que entender que no es casual ese desinterés por fortalecer el aparato de justicia en el país porque a muchos sectores les conviene tener un sistema deficiente en el que lo único cierto y concreto es que no se va a disponer de recursos para castigar la corrupción y la inmensidad de crímenes de cuello blanco que se suman a los de violencia que agobian a nuestra población.
Por supuesto que siempre habrá “respuestas técnicas” para explicar las carencias presupuestarias, pero vemos que para repartir pisto a manos llenas a las ONG beneficiadas por complicidad de algunos diputados siempre hay pisto, mientras que para lo esencial en términos de cumplimiento de los fines del Estado, nunca alcanza ni se dispone de espacios presupuestarios para contemplar inversiones o mejoras en la calidad del servicio público.
Llora sangre ver en qué se utilizan los escasos recursos y cuánto daño hace la corrupción porque no sólo desvía el dinero sino que además sirve de excusa perfecta para objetar el pago de impuestos y rechazar planteamientos como el que hiciera don Iván Velásquez quien, con toda lógica, explicó que la lucha contra la impunidad no es gratis y que se tiene que financiar a un sistema de justicia eficiente.
Mantener a la justicia en trapos de cucaracha es un esfuerzo deliberado por asegurar la impunidad y en eso hay demasiados cómplices y por ello las explicaciones, si así se le puede decir, que dan diputados para justificar la carencia de recursos para mejorar la investigación criminal e incrementar la tasa de castigo a los delincuentes, son una muestra más de cuán comprometidos están con el tema para evitar que algún día el paso de la justicia pueda alcanzarlos.
Urge que la sociedad exija una revisión a fondo de los recursos asignados a las ONG y al Listado Geográfico de Obras para determinar cuáles de estos puedan ser realmente justificados y que todos los demás puedan ser reasignados a temas puntuales como el de la justicia, la salud y la educación. Guatemala necesita inversión pública para salir de severos rezagos sociales, pero en tanto el poco dinero que se recauda se siga desviando de forma corrupta, nuestro país no tiene futuro ni viabilidad y eso constituye un reto para todos nosotros, los ciudadanos, que debemos ejercer nuestro poder para demandar y fiscalizar.
