El encausamiento ilegal contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, ha dejado una huella irrevocable que quedará como antecedente para las generaciones futuras. Gobernantes y gobernados estamos sujetos a la ley y obligados a respetarlas. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley, dice la Constitución Política de la República. Es libre la emisión del pensamiento, cualesquiera medios de difusión, sin censura previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por la ley o disposición gubernamental alguna, dice la carta magna.
Zamora Marroquín, fue aprehendido el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero y por obstaculización a la justicia, como represalia del expresidente Alejandro Giammattei, por la severa crítica del comunicador en su diario El Periódico, por la corrupción discriminada en ese régimen y los gobiernos anteriores, que ilegalmente se prestó el Ministerio Público y el Organismo Judicial, desconociendo que la ley de emisión del pensamiento es clara y no ha lugar a enjuiciar a los periodistas en tribunales ordinarios, porque la ley los protege.
Con el encausamiento y captura contra Zamora Marroquín, se desató toda inconformidad con sendos comunicados de entidades de prensa nacional e internacional, que manifestaron que era una sucia maniobra y una ilegalidad y demandaron su libertad, la que cumplió el 19 de este mes, luego de permanecer detenido 813 días en la cárcel Mariscal Zavala. Antes de ir a prisión, pesaba 170 libras. Se le confinó en una bartolina en condiciones infrahumanas donde había toca clase de bichos, no se le permitía salir al aire libre.
Al asumir el gobierno de Arévalo, su situación cambio radicalmente. Los procesos incoados en su contra no tienen ninguna sustentación y así lo hizo ver en reiteradas ocasiones en los tribunales donde se le juzgó. El juez 2º. Pluripersonal Penal, Erick García, le otorgó medida sustitutiva, tras una audiencia de medidas de cohesión, con serias restricciones. El Ministerio Público, adversó la liberación del comunicador y apeló ante la cámara de alzada, que tendrá que ratificar la resolución del juez menor y se pondrá nuevamente a prueba el rol de los nuevos funcionarios judiciales.
En la actual administración del Ministerio Público, el órgano investigador, no ha cumplido con lo que regula la Constitución que regula es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar el estricto cumplimiento de las leyes del país. Pero pareciera que se desconocen los enlaces que claramente indica la carga magna, porque obedece consignas políticas y espurias, que contravienen claras normas constitucionales.
Se espera que la libertad con serias restricciones de Zamora Marroquín, los tribunales tengan mayor libertad para hacer un análisis profundo que las imputaciones que le fueron hechas y que privaron de su libertad por varios meses, se despejen el comunicador haga una vida digna que su encausamiento fue arbitrario y con sed política y como una venganza de lo critico y severo que fue en su diario El Periódico, que perjudico a sus trabajadores que quedaron desempleados y varios por salvar suida, como jueces, fiscales y se vieron obligados a salir del país.
