El libro Por qué fracasan los países, de los recientes ganadores del premio Nobel de economía, Daron Acemoglu y James A. Robinson, es una obra fundamental para entender los factores que explican la prosperidad o el fracaso de las naciones.
En su análisis, los autores sostienen que la clave del éxito de los países no reside en su geografía, su cultura o sus recursos naturales, sino en la calidad de sus instituciones políticas y económicas. Los países fracasan, argumentan, ellos, cuando sus instituciones son extractivas en lugar de inclusivas, permitiendo que unas élites concentren el poder y extraigan la riqueza sin permitir el progreso económico general. En este contexto, el caso de algunos de nuestros países en el continente puede verse bajo una nueva luz.
El concepto central del libro es la distinción entre instituciones inclusivas y extractivas. Las instituciones inclusivas permiten que una mayor parte de la población participe en actividades económicas y políticas, generando incentivos para la innovación, la inversión y el crecimiento. En contraste, las instituciones extractivas concentran el poder en manos de un pequeño grupo de individuos o de una élite, que utilizan el aparato estatal para apropiarse de los recursos y restringir la competencia política y económica.
Un ejemplo claro de la creación de instituciones inclusivas es lo que sucedió en Europa occidental a partir de la llamada “Revolución Gloriosa”, en Inglaterra en 1688, o más tarde, la francesa, en 1789, que establecieron límites al poder de los monarcas y promovieron el imperio de la ley. Esto permitió que amplios sectores de la sociedad, ya no solo la aristocracia o el segmento más rico de la población, comenzaran a participar en la política y la economía, lo que condujo al inicio de un crecimiento sostenido a largo plazo.
Por el contrario, en Iberoamérica, la colonización europea estableció instituciones extractivas que favorecieron a una minoría de terratenientes, mineros y comerciantes, mientras la gran mayoría de la población, especialmente los pueblos indígenas, quedaron excluidos del desarrollo económico y político. Estas dinámicas históricas se han mantenido en muchos países incluso después de la independencia.
Acemoglu y Robinson explican que este tipo de sistemas tienden a mantenerse en el tiempo debido a los incentivos de las élites dominantes para preservar su posición de poder. La competencia política y económica es vista como una amenaza, lo que lleva a la represión de movimientos sociales y a la perpetuación de políticas que favorecen la concentración de la riqueza.
Pero ¿será posible un cambio? A pesar de este panorama, ¿por qué fracasan los países? también ofrece alguna esperanza. Los autores señalan que las instituciones inclusivas pueden surgir, aunque el cambio es difícil y muchas veces depende de una “ventana de oportunidad». Ejemplos como el de Corea del Sur, que pasó de ser uno de los países más pobres del mundo en los años 50 a una potencia económica global, muestran que las transformaciones institucionales son posibles. En el caso de Corea del Sur, el colapso del régimen militar a finales de los 80, permitió la construcción de instituciones democráticas inclusivas, que impulsaron la innovación y el crecimiento.
Para muchos de nuestros países, el desafío es similar. La construcción de instituciones inclusivas requiere una reforma profunda del sistema político y económico, donde se garantice que todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico o su condición social, puedan participar de manera equitativa en la toma de decisiones. Esto implica combatir la corrupción, mejorar el acceso a la justicia, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, y promover políticas que reduzcan la desigualdad.
Uno de los mayores obstáculos es el mismo sistema que perpetúa la exclusión. Como señalan Acemoglu y Robinson, las élites que se benefician de instituciones extractivas raramente renuncian a su poder sin una lucha. Sin embargo, el creciente activismo social impulsado por jóvenes, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, puede ser una señal de que la presión por un cambio está creciendo.
Es evidente que el peso de las instituciones coloniales sigue vigente en gran parte. La historia de México, al igual que la de muchos países de América Latina, está marcada por el legado de instituciones coloniales extractivas. Durante la época colonial, el sistema económico y político estaba diseñado para beneficiar a un pequeño grupo de españoles y criollos, mientras la gran mayoría, incluidos los pueblos indígenas y las castas, fueron excluidos del poder y de la prosperidad. Este patrón de concentración del poder y de la riqueza en una élite ha persistido a lo largo del tiempo, aunque con transformaciones, y sigue siendo un reto importante para el desarrollo inclusivo de México.
Aunque México ha experimentado períodos de crecimiento económico significativo, persisten las instituciones extractivas que frenan el progreso inclusivo. La corrupción, la captura del Estado por intereses particulares y la debilidad de las instituciones judiciales son características que, según Acemoglu y Robinson, tienden a prevalecer en países con instituciones extractivas.
Un ejemplo claro de este tipo de instituciones en México es la persistente desigualdad económica y social. Según datos del Banco Mundial, el 10% más rico de la población mexicana concentra casi el 60% de la riqueza total del país. A esto se suma la corrupción sistémica, que ha permeado diversas áreas del Gobierno y ha limitado el desarrollo de instituciones que promuevan la participación económica equitativa.
Además, la influencia de grupos empresariales poderosos sobre la política ha contribuido a mantener estructuras económicas que favorecen a unos pocos en detrimento de la mayoría. Por ejemplo, sectores como las telecomunicaciones y la energía han estado dominados por monopolios o grupos concentrados que controlan el mercado, lo que impide una competencia efectiva que beneficie a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas.
El narcotráfico y la violencia se pueden considerar como instituciones extractivas. Un factor adicional que ha perpetuado las instituciones extractivas en México es la presencia del narcotráfico y la violencia asociada. Las organizaciones criminales no solo extraen recursos de manera ilícita, sino que también ejercen un control significativo sobre áreas territoriales y políticas locales, lo que limita la capacidad del Estado para implementar políticas inclusivas.
Acemoglu y Robinson argumentan que cuando el Estado pierde el monopolio del uso de la fuerza, como ha ocurrido en muchas regiones de México, las instituciones inclusivas se vuelven más difíciles de establecer. La incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad y el imperio de la ley reduce los incentivos para lograr la inversión y el crecimiento económico, además de erosionar la confianza en las instituciones.
En conclusión, se puede afirmar que la teoría de Acemoglu y Robinson proporciona una herramienta poderosa para entender los desafíos que enfrentan nuestros países. Los países no están condenados por su geografía o su cultura, sino que su futuro depende de la capacidad para transformar sus instituciones. Si sabemos aprovechar las oportunidades para construir un sistema más inclusivo, es posible que nuestros países escapen del ciclo de la pobreza y el subdesarrollo que los ha caracterizado durante tanto tiempo. Sin embargo, esta transformación requerirá voluntad política, presión social y un cambio profundo en la manera como se distribuye el poder en la sociedad.
