POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
Guatemala se comprometió a eliminar antes del 31 de diciembre próximo los beneficios fiscales para los exportadores, lo que pondría en aprietos a muchos empresarios nacionales. Para contrarrestar esa situación, ese sector promueve la aprobación de una ley que mantenga las exenciones fiscales para las maquilas y Call Centers, pero esa propuesta también tiene detractores, que rechazan las medidas proteccionistas y los privilegios para un grupo empresarial.
En la Organización Mundial del Comercio (OMC), Guatemala suscribió el “Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias”, un documento que compromete a los firmantes a prohibir las subvenciones –incluyendo las exenciones fiscales– a los resultados de exportación, como una medida para evitar la competencia desleal y el proteccionismo en el comercio internacional.
Esta disposición, que entraría en vigencia el próximo 1 de enero, tendría repercusiones para empresarios guatemaltecos, específicamente para el sector de la maquila, puesto que perderían los beneficios de la Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89).
De acuerdo con esa normativa, las empresas orientadas a la producción y/o ensamble de bienes que contengan como mínimo el 51 por ciento de mercancías extranjeras están exoneradas del pago de los derechos arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y además están exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por diez años.
Esos beneficios fiscales, junto a la mano de obra barata, hacen competitiva a la industria maquilera guatemalteca, una de las más importantes para las exportaciones y en la generación de empleos, de acuerdo con la versión de los mismos empresarios.
Los empresarios señalan que si no se aprueba una Ley que mantenga los incentivos fiscales, los maquileros trasladarían sus operaciones a otros países con mejores condiciones para competir en el mercado, afectando seriamente la economía de Guatemala.
Eso provocaría que el valor de las exportaciones se reduciría en alrededor de US$555.3 millones y además se perderían 44 mil 858 empleos directos en el sector y 33 mil 58 en otros sectores de la economía.
De acuerdo con el Banco de Guatemala, en 2013 la exportación de vestuario y textiles alcanzó un volumen de USS$1,511,945 millones, y en 2014 fue de US$1,526,911 millones.
Según la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), se estima que el sector genera más de 180 mil empleos directos e indirectos, de los cuales 46 por ciento son mujeres.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa postura y creen que el sector de la maquila debería pagar los mismos impuestos que el resto de empresarios, y deben buscar otras formas para ser más competitivos.
EL ARGUMENTO EMPRESARIAL
Alejandro Ceballos, vocero de Vestex, representa la opinión de los empresarios que abogan para que el Congreso apruebe la iniciativa de ley 4997 ley emergente para la conservación del empleo que a su criterio mantendría los beneficios para ese sector, y eso evitaría pérdidas en exportaciones y generación de empleo.
A criterio de Ceballos, los empresarios esperan con esta normativa se aclare el panorama tributario para el sector maquila y exportador, y entonces “cada quien” tome su decisión y defina si quiere quedarse o no trabajando en el país.
En ese sentido comentó, que el tiempo continúa transcurriendo y solo quedan unas semanas para que el Congreso apruebe la ley sin afectar al sector, pero hasta ahora no se tiene una respuesta clara de lo que va a acontecer. “Hemos hablado con el ministro –Sergio– De la Torre, luego el ministro –Ricardo– Sagastume y ahora el Ministro –Jorge– Méndez Herbruger, y fue él quien presentó la iniciativa de ley”.
Se le cuestionó al Vocero de Vestex sobre la petición de extender los incentivos fiscales en el marco de una crisis de ingresos en el Estado, pero a su criterio es un “error grave” que se centre la atención en una crisis fiscal cuando el problema es que se solicita un presupuesto “demasiado alto”, que después ni siquiera se logra ejecutar.
“No se puede competir así, teniendo como vecinos a países que tienen leyes de fomento de inversión de hasta 60 años en impuesto sobre la renta. La lógica es que si los empresarios no se van ahora del país, es que se vayan más adelante”, aseguró.
Un documento de Vestex, sobre la competitividad del sector exportador refiere que “El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen herramientas para la atracción de inversión y todos cuentan con salarios mínimos más bajos”.
En el tema de los salarios, ese sector señala que la remuneración económica de los demás países, coloca a Guatemala una posición de “desventaja competitiva”. Costa Rica, con US$851.58, tiene el mayor salario mínimo en la industria textil, seguido de Guatemala con US$457.61, cifra que se encuentra por encima de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
En Guatemala, Vestex reconoce que ese salario se paga en la capital, pero no así en el Interior, argumentando que las condiciones son distintas, los costos de operación más altos y por ello, abogan por enmiendas a las leyes que permitan el salario diferenciado y el trabajo a tiempo parcial con sus prestaciones de ley, además de que existan incentivos y facilidades para los empresarios que se instalen en el Interior.
Para el vocero de esa organización, aunque se tengan pérdidas, siempre se paga el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto de Solidaridad, por lo que no se puede decir que el empresariado no cumple con el deber de pagar impuestos.
Ceballos aseveró que es difícil para una empresa seguir operando “si sabe que tendrá perdidas”, por lo que procederían a cerrar operaciones en el país y buscarían trasladarse a otro, con mejores condiciones. “El problema es que van a dejar de recaudar impuestos, ya la SAT en su manifiesto dijo que pagábamos el 9.2% de la recaudación total de las empresas beneficiadas con la normativa 29-89”, indicó.
SALARIO CON PRESTACIONES DE LEY
Sobre el empleo, y los beneficios que obtienen los trabajadores del sector textil, Ceballos opinó que ningún trabajador “gana tanto ni está tan protegido” como el que lo hace en maquila, ya que las condiciones las supervisan marcas internacionales.
“Es una mentira que agarran todos. De que hay que trabajar duro, hay que hacerlo. Pero tampoco se pasa sobre los derechos de los trabajadores. Si no hay fábricas, no hay trabajo, no habrá nada. El riesgo de que se vayan las fábricas es que los trabajadores se quedan en cero. No van a violar sus derechos, no van a trabajar duro, pero tampoco van a ganar un centavo”, aseguró.
El salario otorgado a los trabajadores de este sector, aseveró, genera sus prestaciones acordes a la Ley, entre ellos mencionó indemnizaciones, seguridad social, aguinaldo, bono 14, vacaciones.
RECHAZAN LOS PRIVILEGIOS
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), rechaza que se mantengan los privilegios fiscales, porque eso afectaría el espíritu del comercio justo, y porque considera que el sistema de producción de las maquilas y zonas francas no es funcional ni beneficioso para el Estado.
En ese sentido añadió que el sector de maquilas es más conocido por señalamientos de violaciones a derechos laborales, especialmente de las mujeres, aunque también destaca transgresiones a las normas laborales de los “Call Centers”.
“Es un modelo obsoleto, caduco. Bueno se está hablando que se quiere 80 mil empleos en el sector de maquila, pero nunca se han mostrado las cifras. Es un sector muy opaco. No tiene transparencia de las entidades encargadas o el Ministerio de Economía no tienen datos precisos, y a pesar de que el Icefi lo ha demandado, nunca se nos ha proporcionado”, agregó.
Es por eso, indicó que el Estado necesita generación de empleo y desarrollo económico, a la vez que respeten y fomenten los derechos laborales y eleven los ingresos del Estado, y no de leyes que lo debilitan.
Sobre la información que han solicitado, y no les han entregado, a su criterio representa un privilegio “más” que posee ese sector. “Si socialmente a este sector le estamos dando el privilegio de no pagar los impuestos, que todos los demás pagan, entonces lo mínimo que deberían cumplir es con ser transparentes”, apuntó.
La iniciativa que ahora se presenta, agregó que ya ha sido presentada y la misma fue rechazada por “abusiva y excesiva”, luego se presentó una iniciativa del Partido Patriota, también la ley Baldizón de empleo.
Barrientos, aseveró que la solución consiste en un plan integral económico y de generación de empleos porque “estas leyes de privilegios fiscales, son cualquier cosa…menos eso”, y considera que rebajar los salarios “es casi una extorsión”.
El impacto generado en la recaudación, de acuerdo a opiniones de la SAT y del Ministerio de Finanzas, generará la pérdida de recursos fiscales que podrían ir dirigidos a resolver la crisis que vive el sistema de salud.
La reducción de la recaudación de acuerdo al economista, incluso llegaría a ser de un mil quinientos y tres mil millones de quetzales, que al final podría llegar a cambiar opinó.
LO QUE DICE LA NUEVA INICIATIVA
El ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, presentó una versión consensuada de la iniciativa Ley Emergente para la Conservación del Empleo, para que sea conocida y aprobada por el Congreso.
Méndez expresó que “esta nueva versión fue consensuada a nivel técnico y cuenta con el apoyo del Ministerio de Finanzas y de la SAT. En esta propuesta de iniciativa hemos incorporado las observaciones de la administración tributaria, con el objetivo de mantener los empleos que actualmente genera el sector de exportación de servicios, tipo Call Centers y BPO, y el de exportación de vestuario y textiles”.
“La aprobación de esta ley es crucial para conservar estos empleos, sobre todo en el interior del país, y confío en que los señores diputados procedan a conocer y aprobar esta iniciativa de Ley”, concluyó el Ministro de Economía.
Esta propuesta de iniciativa de ley busca reformar el Decreto 29-89 “Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila” y el Decreto 65-89 “Ley de Zonas Francas” y cumple con los compromisos de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio –OMC- además de asegurar que se conserven los más de 180 mil empleos que estos sectores generan.
La iniciativa se modificó porque en la primera propuesta no fue socializada con las instituciones de gobierno dedicadas a la recaudación fiscal y el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, la nueva propuesta no ha sido bien aceptada por el sector empresarial, porque consideran que limita en buena medida a los grupos productivos que se beneficiarían con la legislación, y piden que se mantenga el planteamiento inicial.
La SAT se pronunció “desfavorablemente” sobre la normativa presentada, pues desde el ámbito de competencia de esa institución, se observó que “contiene disposiciones que contravienen el ordenamiento jurídico tributario vigente y su eventual aplicación conlleva efectos negativos para el sistema tributario”.
Por otro lado el Ministerio de Finanzas, considera que la normativa presenta “inconsistencias” en su redacción que requerirán una revisión jurídica exhaustiva, además que debe revisarse el tema de plazos referentes a los incentivos que gozan los beneficiarios.
“Cambios conceptuales en la iniciativa también pueden erosionar las finanzas públicas, tal el caso de considerar ciertas operaciones que con la ley vigente no están afectas al IVA”, aseveró ese ministerio.
CIFRAS
43 empresas trabajan en tejido, serigrafía, lavado, bordado e hilos.
8.9% del PIB, representa la industria de vestuario y textiles a nivel nacional.
180 mil empleos entre directos e indirectos genera ese sector
155 empresas de confección existen
LAS CONSECUENCIAS DE NO APROBAR LA INICIATIVA
Para el Ministro de Economía Jorge Méndez Herbruger, la iniciativa de ley presentada es de “suma importancia para el país”, pues permite la estabilidad laboral para unas 40 mil personas, que dependen de la industria de la maquila, y representa más de 800 millones de dólares en ingreso de divisas, como resultado de exportaciones.
“Todo esto nos hace responsables para plantear al Congreso, la iniciativa que he mencionado. Esto deviene de la necesidad de cumplir con la OMC, que establece que para el 31 de diciembre de 2015 los incentivos fiscales, en relación al impuesto sobre la renta de industrias que no son de maquila de vestuario y textil, y de servicios deben de quedar fuera de esa exoneración”, afirmó.
El ministro aseveró, que esperan que la misma se apruebe, pues de no hacerlo las consecuencias serían que los inversionistas extranjeros y algunos nacionales que no tienen equipo fijo en Guatemala, es decir propiedades o bodegas, y que causaría que se puedan llevar su maquinaría a otro país que sí posea incentivos fiscales.
Méndez Herbruger comentó, que la iniciativa no vendría a perjudicar la recaudación porque todas las industrias al terminar el período establecido, pasarían a pagar el ISR, “hoy en día todos los que están aplicados al 29-89 no pagan impuesto sobre la renta”, y quienes no son maquilas sobre todo productos agrícolas o industrias, empezarían a pagar sus impuestos conforme venza el plazo de diez años.
