El abogado Erick Castillo, quien apoyó y logró meter a puro tubo a Consuelo Porras en la nómina para Fiscal General, de la que había quedado excluida, aseguró que el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Civil, a cargo de la jueza B Virginia Amparo de León Lara, anuló la nómina de candidatos para la Corte de Apelaciones que había aprobado la respectiva Comisión de Postulación. Aunque la resolución no anula lo actuado por la Comisión, sí es evidente que harán lo que sea posible para mandar a la porra la nómina aprobada con tal de meter, como lo hicieron con la actual Fiscal General, a más personas cuestionadas y mal calificadas que le han jurado lealtad al régimen de impunidad y corrupción.
Quieren quitar a la gente decente que pasó a la lista para volver a meter a los más oscuros para la justicia.
El caso es que tal y como está nuestro régimen de legalidad por el comportamiento de quienes administran la justicia, aquí la institucionalidad no es garantía; poco importó el proceso agitado para la conformación de las postuladoras y la inclusión en las mismas de algunos profesionales interesados en emprender el rescate de nuestro sistema de justicia porque quieren que baste la resolución de un juez de primera instancia para forzar a que personas que no fueron bien calificadas y que no lograron entrar en la lista, sean metidas a como dé lugar, tal y como ya ocurrió con Consuelo Porras en su momento.
El Amparo es una institución sumamente valiosa dentro del Estado de Derecho, porque es el mecanismo para garantizar a cualquier persona el respeto a sus derechos y garantías, pero mal utilizado puede servir también para retorcer la legalidad y, como en este caso, obligar a que entren personas que no calificaron.
Es esto una muestra más de cuán urgente es que logremos enderezar el rumbo que lleva el país porque no puede ser que se llegue a concretar ese tipo de acciones arbitrarias; de conformidad con ese procedimiento cabe pensar que los postulados que no sean electos en el Congreso van a recurrir a los Amparos para revertir la decisión del Organismo Legislativo que, según la Constitución, tiene la facultad de elegir a cualquiera de los que fueron postulados.
Ya vimos en el pasado cómo tres (uno de ellos luego cambió postura) magistrados de la Corte de Constitucionalidad retorcieron la ley para otorgar un Amparo provisional que mantuvo en su puesto al Presidente del Banco de los Trabajadores pese a que no llenaba los requisitos para el desempeño del cargo. Y aunque fuera obvia la situación, la CC ordenó que fuera restituido mediante amparo provisional que, por fortuna, fue denegado finalmente en forma definitiva.
Respetar la institución del Amparo es vital en la justicia del país para asegurar que los verdaderos derechos que puedan verse afectados sean restituidos como corresponde.
