Ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva el Amparo solicitado por Jorge Adolfo Mondal Chew y Luis Antonio Suárez Roldán, Presidente y Vicepresidente del Banco de los Trabajadores, denegando la protección solicitada por lo que el Ejecutivo puede proceder a la destitución de ambas personas nombradas por Alejandro Giammattei, bajo la influencia de su pareja Miguel Martínez, sin que cumplieran con los requisitos de ley. El fallo se produce luego de que previamente habían sido favorecidos con aquel polémico Amparo Provisional que los restituyó en los puestos, tras el cual 3 magistrados de la CC que lo habían otorgado quedaron sin visa de Estados Unidos.
Es apenas un pequeño paso pero muy significativo en el empeño que debemos mantener y vigorizar para depurar otras instituciones que fueron vistas como focos para colocar a peones de las mafias para extender y ampliar el espectro del saqueo de los fondos públicos que terminaron rellenando maletas porque las leyes contra el lavado de dinero impidieron su total bancarización. El Banco de los Trabajadores se fundó como un mecanismo al servicio de empleados públicos y privados que contribuyeron con aportes obligatorios para convertirse en socios de la institución orientada a servirlos.
Poco a poco, se fue perdiendo esa idea original por lo que varios de los actuales directivos han emprendido acciones para devolverle su naturaleza al banco, fortalecer el Gobierno Corporativo y se tuvo que librar una batalla porque los nombrados por el gobierno anterior, amigos del Jefe de Jefes, llegaron al Banco sin calidades y no para servir a los trabajadores sino a ellos mismos y a quienes les dieron el hueso. Esta resolución de la CC es vital porque permitirá a esos directivos bien intencionados realmente emprender una política para seguir saneando la institución. Los nombrados para sustituir a Mondal y Suárez deben dar la talla.
Uno de los magistrados que perdió su visa por amparar a Mondal (Paulino Jiménez) votó ayer a favor de que se le denegara el Amparo en definitiva, con lo cual se logró la mayoría suficiente porque tanto Luis Alfonso Rosales como Claudia Elizabeth Paniagua se mantuvieron firmes para proteger los intereses de Giammattei y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
De suerte que ese voto resultó vital para ese paso en la dirección correcta que permita hablar de algún inicio de la ruta de la depuración y fortalecimiento de los servidores que nombra el gobierno para irlos poniendo, como debe ser, al servicio de las mismas instituciones, de los intereses de la población y del bien común, tal y como lo ordena nuestra Constitución. Ojalá que la Corte de Constitucionalidad recupere también en definitiva su compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho.
