Félix Loarca Guzmán
A estas alturas de la tragedia que actualmente sacude a Guatemala por la crisis de los hospitales públicos, nadie pone en duda que una de las causas de esta situación tan grave, ha sido la galopante corrupción que invadió las altas esferas del Estado, con tráfico de influencias y precios sobrevalorados para el suministro de medicinas y otros insumos.
Las recientes revelaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), y del Ministerio Público, sobre la existencia de una mafia identificada como “los negociantes de la salud”, pusieron al descubierto toda una red perversa de políticos y empresarios, que sin importarles las necesidades de los pacientes, se dedicaban a lucrar con el dolor de los enfermos.
En plena efervescencia de la crisis en los hospitales, también salieron a luz varios escándalos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS), coincidiendo con las crecientes denuncias de los afiliados sobre mal servicio en algunas unidades de esa institución y la constante escasez de medicinas.
Ante esta doble crisis, ya comienzan a escucharse falsos cantos de sirena, sugiriendo la privatización no solo de los hospitales que pertenecen al Ministerio de Salud Pública, sino de los servicios del IGSS.
En programas radiales de teléfono abierto, varios oyentes han caído en la trampa, opinando que la solución a esta problemática es la contratación de seguros privados de salud. Sin embargo, ello no es más que un espejismo, pues algunos de estos seguros no son sino un gran negocio del neoliberalismo, cuya preocupación central es el afán de ganancias de sus accionistas, y no la salud de los guatemaltecos.
Para enfrentar la crisis, el nuevo Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tendrá que adoptar decisiones estructurales y no solo coyunturales, como por ejemplo priorizar los programas de prevención para evitar que la gente se enferme.
Asimismo, designar como Ministro a un Médico Salubrista, para que ese Ministerio no siga con el triste legado de ser el Ministerio de la Enfermedad y no el Ministerio de Salud. Paralelamente ordenar medidas muy estrictas en materia de transparencia con el apoyo de la Contraloría de Cuentas y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).
