Estuardo Gamalero C.
«Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley.»
Frédéric Bastiat
En mi saber y entender, el tema de la corrupción a través de los impuestos a lo largo de la historia se ha visto rodeado de varios argumentos más o menos constantes: I) El que los recauda termina convirtiéndose en un vividor de su producto; II) Los gobernantes se corrompen con el aprovechamiento y la rendición de cuentas; III) La sed por incrementar la carga tributaria es insaciable; IV) El argumento populista que mejor los vende se disfraza en la lucha social de pobres vs ricos; V) Quienes los pagan, presumen y muchas veces confirman, que sus impuestos fueron mal utilizados; VI) La corrupción es un impuesto; VII) Los malos políticos, antes de reconocer el uso indebido de lo recaudado optarán por cobrar más cuando no les alcance en su afán de enriquecerse indebidamente; VIII) Aumentar los impuestos arbitrariamente a un grupo, abre más la brecha entre las clases sociales; IX) Cada vez que los políticos amenazan con nuevos impuestos es un desafío de poder a los sectores productivos del país que les fiscalizan; X) En Guatemala, la agenda que pretende elevar los impuestos y la carga tributaria también obedece en buena medida, a la óptica de algunos diplomáticos extranjeros que consideran las políticas de su naciones como agua bendita y recetas universales.
Recientemente leí de un buen amigo (JCT) con amplia experiencia en economía y finanzas, el siguiente razonamiento: “El Presupuesto General de la Nación en los últimos 15 años ha aumentado 216%”. En ese sentido, él pregunta: “¿estamos 216% mejor en temas de educación, salud, seguridad, infraestructura? … entonces, ¿en dónde están esos impuestos?”.
¿Cómo puede ser posible que de un Presupuesto General de la Nación de 25 mil millones de quetzales, a uno de 70 mil millones de quetzales, los problemas nacionales lejos de resolverse se han incrementado? Dicho amigo cuestionaba: “¿Con qué solvencia moral los políticos piden nuevos impuestos, si las pruebas demuestran que las élites gobernantes llevan más de 30 años mal gastando, robando, enriqueciéndose a costa del pueblo y derrochando los tributos que se recaudan?”
Hace un año, seis meses, tres meses y un mes, la irrefutable conclusión de los órganos de investigación del Estado e incluso de la misma comunidad internacional, era: “La corrupción es un cáncer que le cuesta por lo menos 20 mil millones de quetzales anuales a Guatemala”.
Irónicamente, en tiempo de campaña electoral todos los partidos políticos que aspiraban al Poder, coincidían en sus discursos, entrevistas, foros, debates y visitas a los sectores organizados del país, en el sentido que: “antes de hablar de nuevos impuestos, se tenía que recobrar la confianza y ser eficiente y transparente en la recaudación de los actuales tributos”.
No pretendo se me confunda con un anarquista que no cree en los impuestos. Lejos de ello, estoy convencido que la mejor manera para que el Estado obtenga recursos y cumpla con sus funciones y obligaciones, es a través de ellos, de una política fiscal sana y no de un endeudamiento público con ventajas dedicadas a quienes lo manejan y colocan, o empréstitos que aparejan favores dudosos y pago de intereses a perpetuidad para las nuevas generaciones.
En mi opinión, el mensaje que envían los políticos de turno al sugerir nuevos impuestos sin explicar y corregir los modelos de corrupción es muy negativo. Es una manera de decirle a quienes pagamos impuestos (por ejemplo, las personas y sectores que manifestaron en contra de la corrupción): “machete estate en tu vaina y no friegues tanto, porque el poder de la ley lo tenemos nosotros y también te podemos hacer daño”.
A los lobos que se disfrazan de ovejas y a los nobles diputados “Robin Hood”, sería interesante preguntarles: ¿Qué parte de cómo arruinar un Estado no han entendido? ¿Acaso no tiene más sentido hacer una auditoría real sobre las plazas fantasma del país que se estiman en un 10% de la burocracia nacional? ¿Cuánto se puede ahorrar el Estado de Guatemala si revisa los pactos colectivos de las instituciones? ¿Cuánto dinero turbio representa la corrupción en las concesiones, contrabando, compras, suministros, asesores de cartón, asesorías fantasma y subsidios que se pierden en el camino? ¿Cuánto puede recaudar el Estado si combate frontalmente la informalidad y la evasión?
En este espacio no vengo a defender ricos, empresarios, profesionales o contribuyentes. En mi juicio, pretendo atacar lo absurdo y defender la razón. Si los anteriores actúan al margen de la ley que se les procese: PUNTO.
Del razonamiento de mi amigo aludido en este espacio, puedo concluir en una cosa: En lo único que Guatemala incrementó los pasados quince años un 216%, es en corrupción, malgasto y despilfarro.
Entonces: ¿Estamos hablando de impuestos o nos están dando atole con el dedo?
