El trabajo de las comisiones de postulación ha finalizado y estas han trasladado el listado de candidatos de los cuales el Congreso debe elegir. Ahora bien, no obstante el inusitado escrutinio público que tuvo el proceso, el cual incluyó veedurías de la OEA y la sociedad civil, e incluso que se pudiera ver el proceso en vivo por diversos canales en redes sociales como YouTube, hay actores que fueron descalificados o no escogidos para formar parte de los listados. Se han planteado amparos contra el proceso y se cierne una amenaza a la renovación de Cortes que tanto se necesita. Lo cual me pone nuevamente a pensar que el sistema de comisiones de postulación es caduco y me parece que, directa o indirectamente, es causa o contribuyente a una infinidad de problemas que aquejan al país. En esta columna me explico.
En primer lugar, el sistema ha politizado la academia. Al incluir a los decanos de las Universidades, en particular, de las de Derecho, en la elección de altos funcionarios se pretendió neutralizar el tinte político y darle aires de mayor certeza y respetabilidad a los mismos ya que estos buscarían la excelencia académica en los perfiles de los “postulantes”. Al contrario, al incluirlos en este mecanismo de elección de funcionarios, lo que se hizo fue darles cuotas importantes de poder con lo cual los objetivos primigenios del sistema ya no se cumplieron. Identifico varias vertientes de perversión en virtud de esto. Las elecciones de Rector y decanos de facultades, en la USAC particularmente, se hicieron concursos de popularidad que, como toda elección se gana con atraer más simpatizantes. Lo anterior llevó a una espiral de ofrecimientos y favores al electorado (los estudiantes) para facilitar graduaciones, reducir requisitos para graduarse o “lubricar” la graduación de adeptos. Es decir, la excelencia académica se sustituyó por el incentivo electoral y, por ello, en parte, cada vez tenemos más profesionales del Derecho pero mal preparados. Se buscan más electores.
La otra vertiente de la perversión de la academia es que dándole oportunidad a todas las Facultades de Derecho para tener un representante en las comisiones de postulación de elección de ciertos funcionarios (Cortes y MP), actores políticos vieron la oportunidad de fundar universidades con el único propósito de obtener una silla en la mesa. Estas universidades son conocidas por graduar profesionales sin mucho rigor académico y, cada vez más, en masa.
En segundo lugar, el sistema ha arruinado los gremios. En particular, el de abogados, ya que su función de velar por el decoro y protección de los agremiados ha sido relegado al convertirse en un actor “político”. Las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) son un microcosmos de las elecciones generales cada cuatro años. Prebendas y clientelismo y poca sustancia en el actuar como defensora del gremio o del Estado de Derecho. Aquí hay que preguntarse cuándo fue la última vez que hubo un pronunciamiento relevante del CANG en alguna materia relevante. En 2023 experimentamos la peor crisis constitucional de la era democrática y el CANG según recuerdo únicamente emitió un comunicado insubstancial y sin compromiso en todo el proceso electoral. En ningún momento velaron por la democracia y el respeto al Estado de Derecho.
En tercer lugar, hay que ver el efecto nocivo que ha tenido el sistema en la litigiosidad de la composición de órganos. Aquí me refiero al sistema de comisiones de postulación y a la extensión “discrecional” de la legitimación del amparo por interés supraindividual en la composición de los órganos del Estado. Si ustedes leyeran textos de Derecho Procesal Constitucional de los 90s hasta el año 2009 encontrarían que una de las piedras angulares de la teoría del amparo era que “no existía acción popular” en el amparo (salvo por el PDH) y que en el amparo había que probar un “agravio directo”. Sin embargo, a partir precisamente de la elección de magistrados hace 15 años la Corte de Constitucionalidad abrió la “glándula” del amparo para la protección de interés supraindividual en la composición de órganos del Estado. En ese proceso de elecciones se aceptaron impugnaciones de diversos profesionales del Derecho y otras personas en los amparos con expedientes 3635-2009 y luego en el 3690-2009. A partir de allí se convirtió en normal la litigiosidad en los demás procesos de elecciones de comisiones de postulación a través del amparo. En 2010 hubo otra vez controversias sobre la elección de Fiscal General (Exp. 122-2010 y luego el 461-2014) y así, en 2014 nuevamente en Altas Cortes (expedientes # 4639, 4645, 4646, 4647-2014), en 2019 otra vez en el mismo tipo de proceso (desembocando en el controversial Exp. # 2020-1169) y ahora se busca nuevamente entorpecer el proceso por los “no favorecidos” en este proceso de elección de altas Cortes. Hay que decir que la actual CC ha tratado de reducir la “glándula” de la legitimación activa por interés supraindividual, muy a su conveniencia, y ahora se ha vuelto un ejercicio de prestidigitación o de adivinación cuándo procederá o no la misma. Sin embargo, sin entrar a juzgar sobre la conveniencia o no de la evolución de la legitimación activa del amparo, lo cierto es que el sistema de comisiones de postulación, su operativa y la amplitud legal de la posibilidad de plantear el amparo, ha tenido el efecto colateral de introducir inseguridad jurídica a la composición de los órganos del Estado, lo cual, ha aumentado la posibilidad de incidencia y el poder de la CC a ser, dependiendo de la “música política”, a ser activistas a conveniencia.
Lamentablemente, nuevamente por un viciado sistema de elección de magistrados constitucionales, ahora tenemos una academia politizada, gremios profesionales que no cumplen su función primigenia, litigiosidad e inseguridad jurídica en la composición o nombramiento de funcionarios del Estado, y a la vez, cada vez más la posibilidad de una Corte de Constitucionalidad de activistas, no juristas. El cambio es urgente.
