Hoy estamos publicando un detallado trabajo de investigación sobre un escandaloso negocio que no se puede detener simplemente porque el 29 de marzo de 2019 el Juez Noveno de Primera Instancia Civil de la capital ordenó que Aeronáutica Civil debe abstenerse “de cualquier acto administrativo que atentara en contra de los derechos del arrendatario”. Ese arrendatario es la empresa Media Airport System, creada y favorecida cuando Alejandro Sinibaldi era Ministro de Comunicaciones, siendo quien era su ex cuñado el Notario que constituyó la empresa que ha ganado millones y que adeuda 36 millones porque no paga por usar las instalaciones para hacer publicidad a diversas empresas en la Terminal Aérea.
Las actuales autoridades, que asumieron en condiciones críticas por el notorio y deplorable abandono que durante años permitió el deterioro de nuestro aeropuerto, han querido hacer que se cumplan otras resoluciones judiciales en las que se condenó a la empresa Media Airport System a pagar lo adeudado y se puso fin al contrato, pero el mismo sigue vigente por la resolución arriba indicada que favoreció a la empresa vinculada a Sinibaldi y a su cuñado y que ahora es manejada por Douglas Ovalle Ruano. Tristemente, en Guatemala la justicia lejos de ser un instrumento para forzar al cumplimiento exacto de la ley, es un mecanismo que sirve para alentar la impunidad y, peor aún, hacer válidos los sucios negocios realizados.
Esa misma justicia es la que ha dado un trato muy preferente a Alejandro Sinibaldi, quien pese a haber enfrentado numerosos casos cuando se destaparon los escándalos de corrupción, ha sabido aprovechar el deterioro de nuestro sistema judicial para ir “resolviendo” todos los procesos que fueron iniciados en su contra. Y la empresa que cuando era ministro obtuvo el contrato para usar el aeropuerto con exclusividad para difundir publicidad en las diversas áreas de la Terminal Aérea, no solo sigue ganando mucho dinero sino que además no paga ni siquiera la renta que se comprometió a cubrir.
El interés de las autoridades actuales de Aeronáutica Civil para acabar con ese negocio se complica porque, como hemos dicho, nuestra justicia terminó amparando la sucia negociación y es mediante ese mecanismo, el de un juicio sumario de posesión, que se evita la aplicación de otros fallos judiciales en los que los jueces y magistrados que conocieron el caso sí resolvieron conforme a derecho.
Es importante reparar en este caso en particular porque viene a ser una prueba irrefutable de cuán difícil es en Guatemala emprender la lucha contra la corrupción, toda vez que el aparato de justicia está atrapado por quienes pusieron especial cuidado en ir colocando a jueces ad hoc en diferentes tribunales para asegurarse resoluciones que les favorecieran y debemos entender que en ese contexto no podremos salir del sucio atolladero.