“Nunca más violaciones a derechos humanos en Guatemala.”
Presidente Bernardo Arévalo, 2024.
Por fin y después de décadas de lucha de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y de muchas personas defensoras de estos derechos, el actual Gobierno de Guatemala que preside Bernardo Arévalo muestra coherencia entre la retórica y la práctica, dando pasos en la dirección correcta. Es deber y responsabilidad del Estado respetar, garantizar y proteger los derechos humanos (DD. HH.)
La Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (Copade) con apoyo y acompañamiento de la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), convocó esta semana a la primera reunión con representantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y de sociedad civil, para presentar y mediar el proyecto de Política Pública de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos (PPPPDDH). El objetivo de esta política es: “Promover el respeto a los derechos humanos de los defensores con el reconocimiento de su rol en una sociedad democrática.”
Marisol Zea, subdirectora de la Copade, quien presidió la mesa indicó que, dicha política es prioridad del mandatario quien, desde el inicio de su gestión en enero 2024, ordenó elaborar la propuesta que desea aprobar y entregar el próximo 9 de diciembre, fecha declarada por Naciones Unidas (ONU) como “Día Internacional contra la Corrupción y para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y la Prevención de ese Crimen.” Agregó que, la consulta territorial con sociedad civil continuará hasta finales de octubre. Dijo que las personas defensoras de derechos humanos han escrito parte de la historia del país.
Este proyecto de política basado en la Declaración de la ONU, “Derecho a defender Derechos Humanos” es consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida hace diez años en agosto de 2014, que ordenó al Estado de Guatemala crear una política pública de esa naturaleza. No crean que nació como iniciativa de este Gobierno, Arévalo únicamente cumple con lo que en 2014 ordenó la sentencia de la Corte Interamericana que Gobiernos anteriores ignoraron e infringieron.
Origen de la sentencia. En 2004, hace veinte años, ocurrió la ejecución extrajudicial de Florentín Gudiel, defensor de derechos humanos, cometida por agentes del Estado. La familia como agraviada agotó todos los procedimientos legales y judicial para conocer la verdad de lo sucedido y lograr justicia, perseguir, identificar y castigar a los autores intelectuales y materiales del crimen, pero el resultado fue negativo, no se obtuvo justicia.
Entonces la hija mayor de Florentín, Licenciada Makrina Gudiel, con perseverancia, acompañamiento y apoyo de la Unidad de Defensores de Guatemala (UDEFEGUAd), presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se constituyeron en peticionarios contra el Estado de Guatemala. Después de largos años de investigación, la CIDH elevó el caso por ejecución extrajudicial a conocimiento de la Corte Interamericana que, en 2014 emitió sentencia condenando al Estado guatemalteco y ordenó entre otras medidas, aprobar la política pública de protección a defensores de derechos humanos.
Saludo, felicito y celebro la decisión del mandatario porque de aprobarse, es un significativo avance en la protección de derechos humanos, robustece una sociedad democrática y honra el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado.
Solidaridad con la infatigable lucha de la familia Gudiel que, mediante el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, obtuvo la justicia que el Estado guatemalteco le negó. En el colectivo nacional de defensa de derechos humanos hay satisfacción y optimismo.
