Es preocupante la resolución emitida por los miembros que conforman la Corte Suprema de Nicaragua que emitió la orden de la confiscación de todos los bienes de los 135 presos políticos nicaragüenses que arribaron a Guatemala con el argumento de “atentar contra la soberanía de dicho país”.
A la vez, también se anunció que se retira la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos por ser opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, representantes del gobierno autoritario establecido en Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde 2018, al acentuarse las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, al ser reelegido Daniel Ortega para ejercer un 5º mandato y 4º consecutivo, teniendo a sus principales contendientes en prisión, bajo tortura y a quienes expulsó posteriormente, quitándoles su nacionalidad, así como de los derechos políticos al ser acusados de traición a la patria nicaragüense.
El régimen represor del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han dado por medio de los serviles miembros de la Corte Suprema de Justicia Nicaragüense, al informar a través de un comunicado que me fue compartido, emitido por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que las personas presas políticas liberadas fueron condenadas “por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, el terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”.
En la resolución se ordena “el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos”.
Para el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, con esta decisión se considera que “se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos”, por manifestarse en contra de la dictadura establecida por años, coartando la libertad de expresión, de religión, vedar la exigencia de la liberación de presos políticos y violación reiterada de sus derechos humanos por el actual régimen.
Se debe resaltar que el régimen de Ortega y Murillo, al quitarle la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos, es una muestra de que la crisis política y represiva de derechos humanos es mayor y el pueblo nicaragüense sufre esa dictadura y represión en aumento.
Se conoce que en Ginebra, actualmente se encuentran representantes opositores al régimen de Ortega, para participar en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, en la que se presentó un informe de expertos sobre la lamentable situación en la que se encuentra Nicaragua.
He de enfatizar que los 135 presos políticos liberados el jueves pasado y acogidos en Guatemala, despojados de su nacionalidad nicaragüense y bienes materiales, pueden ser incorporados en una denuncia contra el régimen de Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deben considerar realizar.
A la vez, también pueden presentar una demanda ante la Corte Internacional, ya que convertir en apátrida a una persona es considerado un delito de lesa humanidad, acción reiterada múltiples veces.
Este tema puede ser evaluado por los nicaragüenses afectados, no sólo los 135 presos políticos liberados, sino los 221 nicaragüenses liberados en 2023 que se encuentran en Estados Unidos, pudiendo llevar el proceso ante la Corte con sede en La Haya, a través de uno de los países que aceptan su competencia, la jurisdicción universal, por lo que el gobierno de Guatemala podría considerar realizarlo a través de la Cancillería guatemalteca en respaldo a los presos políticos afectados, lo que dudo se haga, pero se deja para consideración de autoridades.
Debo resaltar que el gobierno represivo nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al difundir el comunicado de la Corte Suprema de dicho país, ha coincidido en el momento en el que un grupo de expertos que analizan la actual situación de represión en Nicaragua, realizaban la presentación del primer informe sobre las violaciones a los derechos humanos en dicho país centroamericano.
Podría considerarse que la difusión de la resolución judicial emitida, sea una estrategia del régimen de Ortega y Murillo para desviar la atención sobre las graves vejaciones y violaciones a los derechos humanos del pueblo nicaragüense que fueron denunciadas el martes 10 de septiembre en Ginebra, Suiza.
La actual administración de Estados Unidos, presidida por Joe Biden, dio a conocer la mañana del pasado jueves que el régimen de Daniel Ortega, había cedido a la petición planteada en las negociaciones realizadas por funcionarios de la administración estadounidense de llevar a cabo el excarcelamiento de los 135 presos políticos por razones humanitarias y fueran enviados vía aérea a Guatemala, dentro de los cuales, hay estudiantes, periodistas, catedráticos entre otros.
Vemos esta acción de liberación muy oportuna y en un momento político adecuado que se haya llevado a cabo, ya que beneficia a la imágen de la actual candidata presidencial del partido demócrata Kamala Harris, que debe buscar respaldo de acciones que impulsen su actual candidatura.
Comparto plenamente lo expresado por parte de diversos defensores de derechos humanos, que ninguna persona debe ser encarcelada por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión, oponiéndose al actual régimen de Ortega y exigiendo la liberación de todos los presos políticos que actualmente se encuentran en prisión en Nicaragua.
Debo resaltar que no se conoció una postura por parte del Procurador de los Derechos Humanos PDH, o de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHA, instituciones que han perdido su protagonismo de años anteriores lamentablemente. O de posturas por parte de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, de la Mujer y el Menor así como la De Migrantes del Congreso de la República de Guatemala o del propio Organismo Legislativo, lo que es lamentable.
Las recientes informaciones proporcionadas por parte del gobierno guatemalteco, indican que seis de los presos políticos nicaragüenses recibidos en Guatemala, han manifestado intención de quedarse en el país, por lo que debe brindarse la celeridad necesaria al proceso correspondiente.
El Gobierno de Guatemala, ha brindado a los 135 presos políticos liberados nicaragüenses, hospedaje en diversos hoteles en la ciudad capital, así como atención médica, psicológica, alimentación, ropa y la estadía legal en el país, por un período de 90 días, prorrogable de ser necesario, y de poder establecerse en el país de forma permanente tanto ellos como sus familias o gestionar refugio en otro país a través de las oficinas de movilidad segura.
Se conoce que tanto personal de ACNUR, así como de la organización de Naciones Unidas para los Refugiados, llevan a cabo el análisis de cada uno de los casos de los 135 presos políticos liberados, y gestiona la documentación para los traslados a otras naciones para quienes deseen abandonar Guatemala, prevaleciendo el carácter humanitario hacia las personas.
En el caso de Guatemala, por parte de funcionarios de la Cancillería, han manifestado que el recibimiento de los 135 presos políticos, ha sido en una acción de solidaridad y humanitaria, sin esperar nada a cambio, a la vez el gobierno de Estados Unidos, ha ofrecido otorgar visados para quienes quieran trasladarse a dicho país y acogerse al refugio.
El Gobierno de Guatemala, debe contemplar, un nuevo recibimiento de presos políticos y de familiares a futuro, en apoyo humanitario a opositores al régimen de Ortega.
En lo personal, considero que aún cuando se ha manifestado por autoridades de gobierno de Guatemala, que el apoyo se realiza en forma incondicional, el gobierno de Estados Unidos, debe tomar en cuenta que el país, es el único aliado que le queda en el área centroamericana.
Por lo que podría la administración Biden considerar el otorgamiento del Estatus de Protección Temporal que se ha requerido por parte de organizaciones pro migrantes guatemaltecos y beneficiaría a cientos de residentes inmigrantes en situación irregular originarios de Guatemala en Estados Unidos, como un gesto de solidaridad con el pueblo y Gobierno de Guatemala, por el inmejorable momento de buenas relaciones existentes, manifestadas en el apoyo antes de la toma de posesión y en los primeros meses de la gestión del presidente Arévalo.
