La construcción, rehabilitación o mejoramiento de caminos rurales fue una de las actividades a las que se dedicaron algunos de los 21 contratistas del Estado, que a su vez hicieron negocios con la estructura de empresas B410, que fue denunciada el pasado 14 de agosto de defraudar al fisco por un monto superior a los Q300 millones.
De acuerdo con una herramienta informática utilizada por La Hora que recopila datos de Guatecompras, 12 de las 21 compañías firmaron 59 contratos por Q449.9 millones por trabajos efectuados entre 2020 y 2023, principalmente con el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), pero también con varias municipalidades.
Según analistas, los trabajos en los caminos rurales son de las tareas más complicadas de fiscalizar, dado la lejanía de muchos proyectos y el volumen de concursos que año con año son adjudicados. Solo en 2023 se levantaron cerca de tres mil concursos por un monto cercano a los Q2 mil 161 millones.
CONTRATOS ELEVADOS
De las 21 empresas, la que más adjudicaciones recibió fue Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A. que, aunque solo firmó un contrato, fue por Q177.9 millones, por el mejoramiento de un tramo rural entre Tecpán Guatemala, y San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
Enseguida, Aserradero Las Cruces, también identificado con el nombre individual de José Rodolfo Guerra Díaz, obtuvo de seis adjudicaciones que le representaron Q99.9 millones, cinco por parte de la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y uno más por la Dirección General de Caminos, unidad ejecutora del CIV.
Este último fue el más elevado y consistió en el mejoramiento de un camino rural en Santa Ana, Petén, desde la bifurcación con la carretera CA-13 y aldea El Mango.
Constructora y Transportes J. P. fue el tercer contratista con más monto adjudicado en contratos. En total fueron 13 que sumaron Q43.5 millones, 17 firmados con comunas de Alta Verapaz, una con la de Ixcán, Quiché, y otro con la de San Luis Jilotepeque, Jalapa. Este último, precisamente, fue el más costoso, y se trató del mejoramiento del camino rural en aldea Los Amates, tuvo un costo de Q16.3 millones.
La siguiente constructora en la lista que más adjudicaciones tiene por trabajos en caminos rurales es la firma V&T, S. A. que solo rubricó un contrato por Q37.6 millones, este fue para el mantenimiento del camino entre las aldeas Los Encuentros y Pixabaja, en Sololá.
Productos Especiales de Concreto (Preco) le sigue, también con un contrato, este por Q29.3 millones por el mejoramiento de un camino rural entre Santa María Ixhuatán y San Juan Tecuaco, Santa Rosa. Luego L&S Construcciones recibió una adjudicación por Q25.2 millones por un trabajo similar en un tramo de Pachalúm, Quiché.
El resto de empresas fueron beneficiadas con los siguientes contratos:
DIFÍCILES DE AUDITAR
A inicios de este año, La Hora publicó varios trabajos periodísticos sobre los caminos rurales que dieron a conocer que, de 2020 a 2023, el gobierno central y las municipalidades adjudicaron 6 mil 440 contratos para el mantenimiento de estas carreteras terciarias, por una suma de Q5 mil 491 millones.
Las publicaciones ponen sobre la mesa si los caminos rurales pueden convertirse en un masivo foco de corrupción por diversos factores, entre estos, la abundancia y lejanía de los proyectos y el precio relativamente bajo de la gran mayoría de estas obras.
A esto se suma, según analistas, la débil capacidad de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Para inicios de año esta institución contaba con 503 auditores en cuatro direcciones: la de Auditoría y de Obra Pública, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda, y la de Atención a Denuncias.
FACTURARON Q9 MIL MILLONES
Pero estas compañías no limitaron las adjudicaciones recibidas a caminos rurales. En total, de 2020 a la fecha, facturaron al Estado poco más de Q9 mil 300 millones a seis ministerios, casi un centenar de municipalidades y otras instituciones públicas descentralizadas.
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El CIV fue la institución que más contratos firmó con estas empresas y contratistas individuales, un total de 150, que representaron Q8 mil 70 millones, el 87% del total. Le siguió el Ministerio de Salud que a las 21 empresas les adjudicó 17 contratos por Q297.5 millones, la Empresa Portuaria Quetzal hizo lo propio con 12 adjudicaciones por Q130 millones y la Municipalidad de Guatemala le otorgó 11, por Q79.9 millones.
Estas 21 compañías figuran en la denuncia que presentó la SAT el pasado 14 de agosto y llamaron la atención porque hicieron negocios con la estructura B410, un conglomerado de empresas de cartón diseñadas para defraudar al Estado con la evasión de impuestos.
El caso fue denominado B410 por ser el número de empresas que conformaban la red y porque la mayoría registró una dirección ficticia en la colonia «Bamvi», la cual no existe, en la zona 7 capitalina. El hallazgo nació a partir de que estos contribuyentes facturaron más de Q6 mil millones y pagaron solo Q26 millones de impuestos.
Aunque la SAT no reveló el nombre de ninguno de los 21 contratistas del Estado incluidos en la denuncia, de la cual proporcionó copia a la Procuraduría General de la Nación (PGN), al Ministerio Púbico (MP) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC), La Hora pudo conocer quiénes son y que el principal es Asfalto y Petróleos de Guatemala (Aspetro), compañía relacionada con el exjefe del desaparecido Centro de Gobierno durante el gobierno de Giammattei, Miguel Martínez, quien también es su pareja sentimental.
