El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) presentó, este miércoles 11 de septiembre, el primer informe sobre el trabajo de las Comisiones de Postulación a Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, en el que resalta que los mecanismos aprobados para la calificación de aspirantes favorece a los actuales magistrados, así como a las redes políticas y económicas ilícitas.
A la vez, el PEI-GT destacó la existencia de un bloque dentro de las Postuladoras con afinidad a las redes político-económicas ilícitas, el cual se identifica con el presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez Pimentel y la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Al mismo tiempo, resaltó que los actores sancionados internacionalmente, como es el caso del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la agente fiscal, Cinthia Monterroso, no deben ser premiados con magistraturas.
FAVORECE A MAGISTRADOS Y REDES
En el informe, el PEI-GT destacó que los mecanismos e instrumentos de evaluación aprobados por las Postuladoras son limitados para evaluar objetivamente las candidaturas, ya que se omite realizar entrevistas, realizar pruebas psicométricas, las tablas de gradación son limitadas y se restringe la recepción de objeciones.
“Los instrumentos de evaluación aprobados tienen sesgos que favorecen a los actores provenientes de las magistraturas que se extendieron indebidamente entre 2019 y 2023 y las magistraturas actuales, así como exfuncionarios públicos comprometidos con las redes políticas y económicas ilícitas que además carecen de experiencia específica en el ejercicio de la judicatura”, recalcó.
En línea de lo anterior, el Panel afirmó que afecta severamente la posibilidad de la renovación profunda de las Cortes, ya que se debe asegurar la igualdad de condiciones para los aspirantes.
A su vez, rechazó la postulación de integrantes de las Comisiones de Postulación, incluyendo magistrados y representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), puesto a que es un conflicto de interés y prácticas antiéticas, por lo cual pidió que declinen sus candidaturas.
“Los actores que promueven la criminalización y que han sido sancionados internacionalmente por acciones antidemocráticas no deberían ser premiados con una magistratura”, recalcó.
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BLOQUES DE PODER EN COMISIONES
En el documento, el PEI-GT también identificó la formación de bloques dentro de las Comisiones de Postulación, entre los que se incluye un grupo con afinidad con redes político-económicas ilícitas.
Dentro de este grupo se encuentra el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga, y el de la Universidad Regional, Luis Felipe Lepe, magistrados, y representantes del CANG afines a operadores tradicionales en la elección de cortes y a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
“De acuerdo con información pública, este bloque se identificaría con el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Nester Vásquez, y con la fiscal general Consuelo Porras y cuenta con 20-21 votos”, recalcó.
Además, señaló la existencia de un segundo bloque conformado por los presidentes de las Comisiones de Postulación, decanos de las facultades de Derecho, y representantes del CANG electos por la planilla 8 que representan a “fuerzas democráticas del país” y cuentan con 15 votos.
PERFILES CUESTIONABLES
De la misma forma, el escrito resalta que no es suficiente la preparación académica, así como la sobrada experiencia profesional, sino también es indispensable que sean personas que destaquen en su integridad e idoneidad para el cargo y que tengan una trayectoria intachable.
“Se debe sumar, precisamente por estos requisitos formales que no valoran la idoneidad, la postulación de personas que, de acuerdo con información pública, han sido sancionados internacionalmente por ataques a la democracia y que han sido vinculados a casos de corrupción o de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia”, expresó.
Según explicó, al menos nueve personas han sido sancionadas por el Departamento de Estado estadounidense, la Unión Europea y Canadá, por lo que aseguró la postulación de funcionarios claves estrechamente vinculados a la Fiscal General que implica “una extensión de prácticas impulsadas por el MP a espacios y una mayor concentración de poder para este grupo”.
Entre las personas que han sido sancionadas internacionalmente, mencionó a Curruchiche y Monterroso. “Reitera que los actores que promueven la criminalización y que han sido sancionados internacionalmente por acciones antidemocráticas no deberían ser premiados con una magistratura”, recalcó.
