Raúl Molina
Durante la rebelión del movimiento ciudadano, fue evidente que para cambiar las condiciones sociales y políticas que hacen de Guatemala un Estado fallido es indispensable establecer un nuevo Pacto Social, que sea trasladado a una nueva Constitución. A dos meses de la inauguración del gobierno surgido de un proceso electoral cuestionado, debemos reflexionar sobre esta necesidad. ¿Cómo se logra la Constitución para el Siglo XXI? Hay dos postulados básicos: no puede ser una regresión en el desarrollo democrático del país; y no puede entrar en contradicción o conflicto con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. La modalidad para su elaboración tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no una simple reforma constitucional mediante el Congreso, el cual no cuenta con legitimidad, representatividad y credibilidad. Esto implica elegir a constituyentes con garantía de la más amplia participación ciudadana, con equidad de género, y la debida representación de pueblos indígenas y grupos etarios, por lo que su nominación no puede limitarse a los partidos políticos. Los más de 2.0 millones de guatemaltecas y guatemaltecos en el exterior deben tener su debida representación (más del 10% de constituyentes, al constituir el distrito electoral 24). La ANC, si bien soberana, necesitará un consejo jurídico asesor, y una Asamblea Nacional de la Sociedad Civil (ANSC), como consejo político asesor, al cual las diversas entidades interesadas podrán solicitar su incorporación. El plazo para elaborar la Constitución tiene que ser corto.
¿Cómo se genera el proceso para establecer la ANC? Hay tres vías para solicitar al Congreso su convocatoria. Una es a petición del Poder Ejecutivo, con el riesgo de que se pidan sólo algunos cambios a la Constitución actual. La segunda, igualmente descartable, es por propia iniciativa del Congreso. La tercera –firmas ciudadanas– resulta ser la única opción, ya que nos permite especificar las características precisas de la ANC y sus objetivos. Esto implica poner de acuerdo a sectores ciudadanos, en primer lugar, y luego recoger las firmas exigidas. Ya ha comenzado la reflexión y la búsqueda de consensos en los varios colectivos integrantes del movimiento ciudadano. Como su nombre lo indica, la Plataforma para la Reforma del Estado identifica que hay que pasar a la reforma de leyes e instituciones, aunque no todas las entidades participantes llegan al consenso de una nueva Constitución. Mayor definición tiene la Asamblea Social y Popular, con presencia en muchos lugares del territorio nacional, que no ve salida a la crisis nacional sin un cambio constitucional esencial. Otros colectivos comparten la convicción de que el sistema vigente ya no da más. Así, puede pensarse que la clase trabajadora (campesinos y obreros) justificadamente exige la transformación profunda de las estructuras sociales y económicas, las capas medias proponen la reforma del Estado y algunos sectores de la burguesía reconocen que dichas reformas son impostergables. Es decir, la demanda de una nueva Constitución se hace cada vez más intensa y urgente. Corresponde a las generaciones jóvenes asumir ya la responsabilidad principal.
