José Roberto Alejos Cámbara

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Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que redactamos y aprobamos la Constitución Política de la República de Guatemala, actualmente vigente, dejamos una forma diferente de elegir a la Corte Suprema de Justicia y a los Magistrados o Magistradas de Sala, la forma en que actualmente se lleva a cabo.  No fue sino hasta la Reforma del 93-94, la que algunos Constituyentes llamamos  “deforma”; de la palabra deformación porque no estamos de acuerdo con ella, para muchos en el 90% de su contenido y para otros en el 100% de las reformas.  Hasta la depuración del Congreso y fue, creo yo, un mal precedente.

La gente, hasta el día de hoy, continúa hablando de depurar el Congreso, sin saber que realmente esto no es posible, ya que fue factible gracias a un artículo de esa reforma constitucional transitoria que los mismos diputados y diputadas la aprobaran por la presión mediática. En aquel entonces se daba debido a su desprestigio y a su actitud ante el Gobierno de Serrano Elías.

Las reformas constitucionales, en el tema de comisiones de postulación es una cosa, y la ley de comisiones de postulación es otra. Esto obedece a que la Ley de Comisiones de Postulación fue aprobada hasta cuando tuve la honra de ser Presidente del Congreso, en donde quienes andaban buscando la transparencia en el proceso de elegir a las y los candidatos para proponerlos al Congreso de la República, pensaron en una ley que hiciera público el proceso desde el inicio.  La ley original no contempló que la Comisión de Postulación fuera tan grande, ya que originalmente eran menos los decanos de las universidades privadas, por existir únicamente una universidad pública y, entonces eran menos los colegiados activos que había que elegir, a través de un voto directo en el Colegio de Abogados y menos los Magistrados o Magistradas que había que elegir, en el instituto, para integrar la comisión.

La intención siempre fue que estuviera presente la academia a través de los Decanos de las facultades de derecho de las universidades del país; que estuvieran presentes las mismas cortes a través de los Magistrados, fueran estos Magistrados de la Suprema en una comisión, o Magistrados de Sala en la otra comisión.  La justificación de estos últimos es porque son ellos quienes realmente tienen la experiencia en el área judicial, es decir en juzgar; y por otro lado, que estuvieran presentes quienes practican la profesión; en palabras más sencillas, quienes enseñan el derecho, quienes lo ponen en práctica, y quienes juzgan estarían en esa comisión.

Quién nos iba a decir que alguna mente brillante iba a proponer que se crearán más facultades de derecho e incluso más universidades para que el número de decanos fuera más grande.  Yo aún no sé si la intención era que hubiera más presencia del sector privado al tener representantes de las universidades privadas o si de esta manera se buscaba que hubiera más presencia del gremio a través del colegio y más presencia de magistrados, quienes algún día pasaron por el Colegio y fueron propuestos para ser electos por el Congreso. Lo cierto es que la comisión de postulación, cada una de de ellas es hoy muy grande y eso hace complicado poner de acuerdo a 12 personas en cada sector y de presidente a un rector, lo cual obliga a poner de acuerdo a 37 personas que pasaron por un proceso de elección sumamente complicado, pero además manipulado y por qué no decirlo, hasta cooptado y que forma parte de un sistema que no funciona.

Lo que se buscaba era transparentar el proceso, y traigo aquí a colación las palabras de Carmen Aída Ibarra, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en mi podcast, cuando recordó a Monseñor Gonzalo de Villa, en aquel entonces parte del sector académico, que dijo: “…ustedes lo que buscan es un reality show”; y realmente eso se buscaba, que todo el proceso fuera público y abierto, lo que en la primera oportunidad cuando se estrenó la ley dio resultado. Sin embargo, la elección de los magistrados y de las y los colegiados no había caído en esta etapa de politización, mucho menos estaba cooptada de la manera en que está actualmente, aunque ya los personajes que hoy figuran aparecían desde aquel entonces, los influyentes, porque no hemos oído que se mencione a ninguna mujer entre quienes manejan los distintos grupos convertidos casi en partidos políticos en el Colegio de Abogados y los distintos grupos que responden a quienes los eligieron en alguna oportunidad entre las y los Magistrados de Sala.

Lo cierto es que el tema no sólo es complicado, sino difícil de cambiar. Porque por mucho que se diga que ahora hay una planilla que llevó personas distintas a las Comisiones de Postulación, el sistema se los traga así como las presiones de los diferentes bandos.  Y esto es porque no hay otra forma y los medios de comunicación, también los absorbe ante un gobierno que pareciera no tener interés en evitar que esto suceda, probablemente por miedo a perder esa imagen de respeto a la ley y de no tener injerencia entre los distintos organismos del estado. El presidente Arévalo continúa siendo un hombre que se niega y creo que habría que valorarlo como positivo, a meter las manos en el organismo legislativo y por lo tanto también en el judicial.

NO SE VALE que no logremos avanzar en este tema, porque repitiendo y citando de nuevo a Carmen Aída Ibarra en la entrevista “hemos retrocedido y de manera muy evidente”.

YA ES HORA de que entendamos, apoyemos y trabajemos por una reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. En aquel entonces, propusimos una reforma constitucional elaborada con profesionalismo, presentada y firmada por todos los jefes de bloque y que se quedó en el olvido y en el archivo.  Una reforma constitucional presentada por la CICIG que vino a provocar confrontación, ya que incluía entre las reformas un tema al que muchos llamamos pluralismo jurídico, aunque el verdadero nombre es derecho consuetudinario (viene de la palabra costumbre) un tema difícil de entender que estamos obligados a respetar y que  a mi criterio no habría que legislar.

Ya lo mencioné antes, los constituyentes tenemos la obligación de defender la constitución, empezando por divulgarla y aunque se siga repitiendo, que no es el momento.  Creo que si lo seguimos esperando nunca se va a dar y la situación nunca va a cambiar.

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