La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el miércoles a El Salvador derogar el régimen de excepción que se mantiene en el país por más de dos años y medio con el argumento de combatir a las temibles pandillas. El organismo pide además restablecer los derechos suspendidos.
La CIDH publicó el informe sobre “Estado de excepción y los derechos humanos en El Salvador” que analiza la política implementada por el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, que mantiene suspendidos derechos fundamentales como el de ser asistido por un abogado o el de conocer los cargos de una detención.
El impacto de las pandillas en El Salvador fue observado en 2021 por el organismo y, de nuevo, el miércoles en su señalamiento por los efectos que tiene en los derechos humanos.
Si bien, la CIDH reconoce que la implementación del estado de excepción resultó en “una reducción sin precedentes de actos de violencia”, apunta a que las cifras reportadas por el Estado «demostrarían que la situación de emergencia fue superada y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías conforme las exigencias de la Convención Americana”.
Asimismo, recalcó que “este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente”.
El pronunciamiento de la CIDH llegó un día después de que el Congreso aprobara la noche del martes la trigésima prórroga de esta medida, y días después de que Bukele planteara en una entrevista la posibilidad de prescindir a corto plazo del régimen de excepción.
Organismos y activistas de derechos humanos han cuestionado recurrentemente la situación en El Salvador y han denunciado que hay casos de torturas y muertes de detenidos en prisión.
La Comisión Interamericana destacó en este sentido que hay detenciones arbitrarias y “falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputados», así como «abusos en la imposición de la prisión preventiva, la realización de audiencias judiciales masivas, limitación en el ejercicio del derecho de defensa y las garantías judiciales, irrespeto al debido proceso legal, entre otros”.
Según las cifras del gobierno salvadoreño, durante el régimen de excepción se ha detenido a más de 81.900 personas, calificadas de “terroristas” por las autoridades. La mayoría de ellas está en prisión sin haber sido sentenciados y el mismo gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar en este tiempo a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.
La CIDH también recomendó cesar las audiencias judiciales masivas —procesos penales conjuntos para miembros de una pandilla sin que se individualicen las responsabilidades de las personas acusadas—.
Además requirió que se garanticen las visitas familiares a los presos, así como de representantes de organizaciones de derechos humanos en todos los centros penales. También apuntó a que se mantenga un registro de todas las personas privadas de libertad, crear una política de atención para víctimas de pandillas y elaborar un registro de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el régimen de excepción.
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Bajo el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días. El Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Según cifras oficiales, en lo que va de 2024 se reportan 177 días sin homicidios y una considerable reducción de la violencia criminal en el país centroamericano que en 2015 era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios.
En lo que va del año la policía ha registrado 90 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las Fuerzas Armadas.
