Desde el domingo pasado hay un nuevo poder legislativo en México. Morena, el partido oficial, y sus aliados (el PT y el PVEM), cuentan con 364 curules, es decir con el 73% de los votos en la cámara baja y sólo le falta un voto para tener también en el Senado las dos terceras partes (en México el poder legislativo es bicameral). La oposición en la cámara baja no tiene la cantidad de votos que se requerirían para hacer una impugnación a las reformas constitucionales que Morena y sus aliados pretenden promulgar. O sea que la coalición oficialista en la cámara baja posee la potestad de aprobar cambios constitucionales sin tenerlos que negociar con la oposición y sin que estos puedan ser objetados legalmente, ya que solo tiene 127 votos de los 165 que necesitaría para ello.
El oficialismo también cuenta con amplia mayoría en las gobernaturas de los Estados mexicanos y, pese a las ilusiones de la derecha, Morena también ganó la elección de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Con la nueva correlación de fuerzas que se ha instalado esta semana en el legislativo, se prevé que la primera reforma constitucional que se aprobaría será la del organismo judicial, además de otras relacionadas con los órganos reguladores del gobierno y el traslado del mando de la Guardia Nacional al ejército.
La primera es la más controversial, porque se plantea que jueces y magistrados sean electos popularmente, con lo cual la soberanía directa del pueblo se ampliaría a dicho poder estatal. El argumento central a favor de esta reforma es que significaría una ampliación de la democracia, porque el voto popular definiría la conformación de los tres poderes del Estado (el ejecutivo, el legislativo y el judicial).
El punto central para discutir es si esta “sobre representación” de un partido vulnera el carácter republicano del Estado. Ese es, a mi juicio, el argumento principal de la oposición mexicana, drásticamente conservadora, que se niega a perder su capacidad minoritaria de frenar un proyecto político de transformación estructural del país. Es, en esencia, la angustia de los poderes fácticos en México, principalmente empresariales, de perder su capacidad de evitar la profundización de la 4T (Cuarta transformación), nombre con el cual se conoce el proyecto transformador de Morena.
Dicho proyecto cuenta con un apoyo popular inusitado. El gobierno de López Obrador, AMLO, goza de una simpatía amplísima, la cual se expresa en el resultado electoral obtenido en los últimos comicios. Morena, después de seis años de ejercer el poder, no solo no se ha desgastado (como usualmente le sucede a la gran mayoría de gobiernos, sean de derecha o de izquierda), sino que se ha fortalecido. Claudia Sheinbaum sacó seis millones más de votos de los que obtuvo AMLO hace seis años. Lo que votó el pueblo mexicano no fue la continuidad de un caudillo en el poder, sino que la continuidad y profundización de un proyecto político que está transformando México, desmontando el neoliberalismo que hegemonizó durante más de cuarenta años en el mundo y que produjo el aumento de la desigualdad y de la pobreza en el planeta.
Nosotros, en Guatemala, sabemos de la capacidad que tienen los poderes fácticos para, desde el control que usualmente logran en el legislativo y en el judicial, poder boicotear y evitar la capacidad del ejecutivo de gobernar y cumplir con su propuesta programática.
Por todo lo anterior, el carácter provocativo de la presente columna persigue argumentar que la respuesta a la pregunta planteada es negativa. El valor supremo en el ejercicio de la política debe ser la prevalencia de la democracia. Una que evite que los poderes fácticos hagan fracasar los proyectos políticos que la mayoría de los ciudadanos decida, al mismo tiempo que no niegue que las minorías, eventualmente, puedan convertirse en mayorías, si la ciudadanía votara en contra del proyecto político gobernante.
Veremos, en este mes, si AMLO logra consolidar constitucionalmente el proyecto político que impulsó durante los seis años de su ejercicio gubernamental. Claudia Sheinbaum requiere de tal condición para tener la gobernanza que le posibilite cumplir el mandato democrático que recibió en las elecciones que la llevaron a la Presidencia.
