Guatemala es un país con vocación eminentemente forestal. Prueba de ello, es el hecho de que el país está a punto de marcar el hito histórico de lograr el pago por los servicios ambientales asociados a sus esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y la degradación forestal y por conservar y aumentar las reservas de carbono forestal.
Desde la creación del Programa de Reducción de Emisiones de Guatemala, que tiene como unidad ejecutora al INAB (Instituto Nacional de Bosques), se firmó el primer contrato de compra y venta de créditos de carbono por medio del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés, Forest Carbon Partnership Facility) que permitirá que Guatemala se pueda convertir en el segundo país latinoamericano, después de Costa Rica, en recibir una compensación económica a través de dicho fondo.
La idea de compensar económicamente a los países por conservar sus bosques no es nueva, surgió hace décadas, desde la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático que fue adoptada en 1992 y entró en vigor en 1994. Sin embargo, es hasta ahora, en el año 2024, que se ha logrado desarrollar un mecanismo eficiente y transparente a través del Estado de Guatemala, que cumple con todos los requisitos técnicos y legales a nivel nacional e internacional, para realizar esta operación.
Los fondos obtenidos a través del programa se destinarán principalmente a las áreas protegidas, propietarios privados, poseedores, así como a las comunidades que dependen de los bosques por medio de un plan de distribución de los beneficios que garantiza que todas las partes interesadas participantes en los proyectos, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, sean reconocidas y recompensadas equitativamente por su papel en la reducción de las emisiones, en particular, los grupos vulnerables, como las mujeres.
El Programa de Reducción de Emisiones de Guatemala tiene una proyección de 30 años, y se estableció con el objetivo de aumentar el impacto a nivel nacional de las políticas públicas y privadas del sector forestal implementadas durante los últimos 25 años. Esto incluye fortalecer la gestión de las zonas protegidas nacionales y ampliar los programas de gestión forestal sostenible que brindan los incentivos forestales, promover la conservación de los bosques y el aumento de las reservas de carbono a través de la reforestación y las plantaciones de árboles, considerando que estos últimos aportaron aproximadamente el 84% de la reducción de emisiones del año 2020 a nivel nacional.
El éxito de Guatemala en la implementación del programa REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, por sus siglas en inglés) y sus potenciales pagos, definitivamente va a llamar la atención de la comunidad internacional. Nuestro país espera anunciar este hito en la próxima Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en Bakú, Azerbaiyán.
El INAB ha sido protagonista en este logro, ya que, gracias a su compromiso institucional, Guatemala ha logrado posicionarse como un referente mundial en materia de conservación forestal. El éxito del programa REDD+ nos demuestra que es posible conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Los guatemaltecos deberíamos apoyar este esfuerzo y contribuir así a la construcción de un futuro más próspero y sostenible.
