La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su informe sobre las observaciones preliminares de la visita in loco a Guatemala, señaló que hay un creciente deterioro del Estado de derecho en el país desde la última visita en el 2017.
De acuerdo con la CIDH, «se ha instrumentalizado el sistema penal en contra de quienes han formado parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad», y que el Ministerio Público (MP), encabezado por María Consuelo Porras, es parte de esa práctica.
MP NIEGA SEÑALAMIENTO DE PERSEGUIDOS
La comisión resaltó que, durante su visita del 22 al 26 de julio pasado, recibió información sobre el uso abusivo del sistema penal en contra de personas de distintos sectores, así como testimonio de personas investigadas por el MP, únicamente por el «ejercicio legítimo de sus derechos o funciones».
Sin embargo, la CIDH indicó que el MP negó que se dedique a la criminalización contra personas en defensa de los derechos humanos, de la tierra y ejercicio de la libertad.
El ente argumentó «que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que se reciben, sin distinción de la persona denunciada».
«En este sentido, insistió en que se trata de una institución autónoma e independiente, que aplica de manera objetiva la Constitución y las leyes guatemaltecas», remarcó la CIDH en su informe respecto de la respuesta del MP a la criminalización de la que personas afirman ser víctimas.
CIDH recomienda al Estado cesar el uso indebido del sistema penal
CIDH IDENTIFICA PATRONES DE CRIMINALIZACIÓN
La comisión aseguró que identificó al menos cinco patrones específicos que evidencian la instrumentalización del derecho penal y la falta de independencia del sistema de justicia, ocasionado por el MP.
Estos son:
- La interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa legal
- La presentación y tramitación de denuncias anónimas y/o infundadas, con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación.
- Uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados, por ejemplo, personas que no son funcionarias públicas son investigadas por delitos propios de funcionarios; jueces son sometidos a proceso exclusivamente por el contenido de sus sentencias; abogados y defensores son imputados por el delito de obstrucción de la justicia solo por ejercer su trabajo.
- Uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas; o la aplicación de cauciones millonarias imposibles de afrontar.
- Afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes; negando información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada y obstaculizando la producción de prueba de descargo. Además, presiones para recurrir al uso de “aceptación de cargos” frente la inminencia de la pérdida de la libertad.
«Mientras no cese la criminalización de quienes ejercen sus derechos humanos y se continúe instrumentalizando la justicia con fines espurios, Guatemala no podrá superar los problemas estructurales que afectan su institucionalidad democrática», afirmó la CIDH en su informe.
INSEGURIDAD PARA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y NETCENTERS
La CIDH reportó que recibió también reportes de amenazas a periodistas, obstáculos en el acceso a la información, restricciones a la cobertura periodística, criminalización, presiones económicas a medios y ataques en redes sociales de parte de cuentas netcenter.
El informe ejemplificó esta situación con el caso del fundador de elPeriodico, Jose Rubén Zamora, detenido desde julio de 2022.
«Desde entonces, la CIDH recibió denuncias de tortura, afectaciones al debido proceso y el uso prolongado de la prisión preventiva», se lee.
Además, señaló que se ha criminalizado a sus abogados, se le ha limitado su derecho de defensa y se han aplazado injustificadamente sus audiencias. Por tanto, la comisión concluyó que su detención carece de base legal, por lo que se debe poner en libertad inmediatamente a periodista, además de concederle una indemnización.
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MP NO INVESTIGA CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El informe de la comisión resaltó también la falta de acción del MP ante los casos de agresión y acoso contra defensores de los Derechos Humanos, por medio de la instrumentalización del sistema penal, que remarcó, ocurre en un contexto de impunidad.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) en 2023 ocurrieron 9 mil 496 agresiones contra personas defensoras.
«Estas agresiones suelen formar parte de un patrón escalonado que comienza con actos de hostigamiento e intimidación, seguido de amenazas u otras agresiones físicas y, en algunos casos, concluyendo con la privación de la vida», afirmó la CIDH.
En ese sentido, la comisión añadió que la mayoría de estos hechos que han sido reportados permanecen en impunidad debido a retrasos indebidos e imparcialidad del MP.
