El Organismo Judicial, como uno de los poderes del Estado, debe dignificarse,ser pilar de la democracia y actuar con arreglo a derecho resolver de acuerdo con lo que norma la Constitución de la República, la Ley General de la Carrera Judicial y leyes específicas. Actuar en contrario y obedecer consignas políticas, es violar la Carta Magna, es indignante que en los últimos procesos de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales, se designen a profesionales con vínculos políticos, sobornos, dádivas y amiguismo.
Se cerró el proceso de selección de los futuros magistrados de las altas Cortes y se tiene previsto que el 24 de septiembre, se cursen al Congreso de la República, la nómina de los postulantes, que en última instancia corresponde a los diputados la elección de los funcionarios judiciales, que deberán analizar con objetividad, imparcialidad y responsabilidad la hoja de vida de los futuros magistrados, pero es aquí donde el proceso de escogencia de los próximos magistrados, se trastoca y los legisladores se pliegan a intereses políticos, que ocasiona una contaminación parcial y origina que el Organismo Judicial, no se dignifique y se elija a los abogados menos idóneos, capaces e imparciales para administrar la justicia.
Este proceso de selección y elección, por años ha sido controversial, al aceptar los comisionados presiones foráneas de ciertos grupos. Se conoce que atrás de este proceso está el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néster Guillermo Vásquez Pimentel, el exrector de la USAC. Stuardo Gálvez Barrios, el ex diputado López Villatoro, conocido como el «Rey del Tenis» y otros sujetos, que por años han sido los corresponsables directos que la administración de justicia, se politice y no se dignifique un Organismo Judicial, que debe dar certeza, confianza y ser imparcial en sus fallos y no se asocie a sectores económicos y políticos.
Más de 1,500 profesionales del derecho se postulan para dirigir los tribunales de Justicia. Tendrán los comisionados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados, la responsabilidad de dignificar el Organismo Judicial. El análisis y la entrevista de los postulantes será difícil. Se conoce que fiscales como José Rafaél Curruchiche, Cynthia Monterroso, Leonor Morales, exdiputados, exfuncionarios que tienen tacha de los Estados Unidos, pretenden dirigir el OJ y es aquí donde los guatemaltecos, Organismos internacionales y entidades de prestigio, deben ser vigilantes de éste evento y que el proceso sea transparente y dar credibilidad y honradez.
Se sospecha que los futuros magistrados de las altas Cortes, no asuman las magistraturas en la fecha prevista el 12 de octubre, como está regulado en ley. Se anuncia que ese proceso de selección y elección, se judicializará y será en última instancia la CC que resuelva las acciones que se promoverán por los inconformes y se dé la misma situación de los anteriores magistrados de la Suprema y Salas de Apelaciones, que prolongaron su gestión por 4 años más, llegaron al descaro de autorrecetarse una indemnización ilegal de más de 22 millones de quetzales, que no está regulada en la ley…
Los actuales jueces y magistrados, antes de concluir su período tendrán que resolver los antejuicios promovidos por el Ministerio Público contra el Presidente de la República, Bernardo Arévalo, el sañudo proceso ilegal contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, encausado ilegalmente, contra exfiscales y procesos que han sufrido la mora judicial o bien se lavaran las “manos” y endozarán esa responsabilidad a sus sustitutos.
