Al estudiar ingeniería en la San Carlos, aprendí el “método del camino crítico”, como herramienta de programación que indica que, para llegar a un fin, hay que establecer los prerrequisitos de cada etapa y coordinar todos los esfuerzos para llegar al resultado final. Para Guatemala es la “recuperación de la democracia”, como fue concebida por la Revolución del 20 de Octubre de 1944, a ser plasmada en una nueva Constitución.
La Hora afirma que, hoy, el Diálogo Nacional es obligado, como lo fue el que fuera convocado por la Comisión de Reconciliación Nacional para alimentar los Acuerdos de Paz. Esto es cierto, aunque no es ni punto de partida ni de llegada. Es una etapa intermedia, justa y necesaria, para transformar profundamente al Estado; pero requiere de etapas previas, como depurar estructuras clave, mediante las potestades otorgadas al gobierno por la Constitución. En ese camino crítico debemos partir de la actual realidad. Es imposible avanzar sin eliminar los obstáculos al buen funcionamiento del Estado. La primera etapa es quitar cortapisas y candados.
Es insoslayable la remoción de la Fiscal General y la depuración del sistema de justicia. Fiscales, jueces y magistrados no pueden seguir realizando su “guerra judicial” con el fin de consolidar su poder y tomar venganza contra personalidades honestas. Corresponde al gobierno tomar acciones depuradoras que no son dependientes de diálogo alguno; dependen de la aplicación inmediata de medidas políticas y legales.
Para lo político, se cuenta con el apoyo de la ciudadanía y de la comunidad internacional; para lo legal, hay suficientes normas constitucionales y leyes para proceder en defensa de la democracia y el país. Quienes se sienten intocables hoy -en concreto la Fiscal General y la CC- deben entender que nadie es “superior a la ley”, así como que el Estado debe obedecer al Pueblo, al cual le corresponde la soberanía nacional. El Pueblo ya decidió, con voto a favor de Arévalo y Herrera, y el MP y la CC o le obedecen o desaparecen. Una vez retirados los obstáculos -MP y CC- existen varios cambios esenciales a realizarse mediante proceso de reforma constitucional. Son estos: introducir el artículo revocatorio para cualquier persona contratada por el Estado, hacer desaparecer a la CC y sustituirla con un tribunal netamente constitucional, y establecer condiciones de estructuración y funcionamiento de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución.
En paralelo, debe abrirse el Diálogo Nacional, bajo conducción legítima con autoridad moral, para producir los insumos que han de generar la nueva Constitución. El Diálogo Nacional debe ser incluyente de todos los sectores sociales, con excepción de representantes de grupos pro corrupción e impunidad y personas de dicha categoría. El sector privado debe sumarse, aunque nadie vinculado a B410 o conocido por abusos. Los resultados de este esfuerzo deben ser llevados ante la Asamblea Nacional Constituyente para el Estado Plurinacional. La nueva Constitución y leyes derivadas serán la meta, antes de proceder a nuevas elecciones que fijen la ruta democrática del nuevo Estado.
