Nuevamente, con las mismas formas las y los guatemaltecos asistimos a observar el desarrollo de las Comisiones de Postulación para designar a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), en un marco donde se evidencian a los mismos grupos pro corrupción de siempre intentar cooptar todos los espacios posibles y con ello capturar de nuevo las altas cortes del país.
Y es que cabe destacar que, la intención de cooptar las comisiones y luego capturar las instituciones, no es por el puro placer del poder, sino tiene detrás la clara intención de beneficiar a los grupos y personas que cometen actos de corrupción, de violencia, de impunidad y/o de graves violaciones a los derechos humanos.
Varias organizaciones y colectivos ciudadanos y que le dan seguimiento al desarrollo de esta importante labor de evaluar y designar a personas a las altas cortes, deben de tener presente las características tales como, la transparencia, la excelencia profesional, la objetividad y la publicidad con el sentido de que la ciudadanía pueda auditar y participar en las mismas. Aunque el proceso aún está en desarrollo, la sociedad guatemalteca ya hemos podido observar un sinfín de hechos que han pretendido conducir la evaluación y designación de postulantes vinculados a poderes ocultos, de corrupción, de impunidad y de graves violaciones a los derechos humanos.
A la fecha, ya hemos podido observar a profesionales del derecho desfilar para poder presentar la papelería necesaria con el objeto de postularse, ya sea para magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia o bien para la Corte de Apelaciones. También hemos podido observar a actores claramente vinculados a hechos de corrupción, de impunidad, a la criminalización de operadores y operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, también hemos podido observar a postulantes que en el marco de su ejercicio han beneficiado a actores implicados en delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
Hemos visto desfilar con el objetivo de postularse a actores de reconocida trayectoria criminal en el país, antidemocráticos y sin ninguna honorabilidad y profesionalidad que les respalde, tal es el caso de todos y todas las implicadas en la famosa Lista Engel, que sanciona a actores vinculados a la corrupción, tales como: Mynor Moto, Víctor Cruz, Cinthia Monterroso, Rafael Curruchiche, Gendri Reyes, Jimmi Bremer, Geisler Smaille Pérez, Lesther Castellanos, Noé Rivera, Manuel Duarte y Leonor Morales, quienes evidentemente deben quedar fuera de cualquier posibilidad de ser seleccionados.
Pero junto a ellos y ellas también hay otros jueces y abogados que por sus actuaciones previas deberían no ser designados por ninguna de las comisiones, tal es el caso del juez Frank Martínez quien ha tenido actuaciones cuestionables en casos de graves violaciones a los derechos humanos y a favor de militares implicados en delitos de lesa humanidad, quien en una de sus últimas actuaciones se lamentaba que un militar sancionado penalmente por los delitos de desaparición forzada, tortura y violencia sexual haya sido condenado y se lamentaba su situación de cárcel. No cabe duda y las comisiones no deben de designar a este tipo de actores para formar parte de las altas cortes.
