El caso Asalto al Ministerio de Salud fue iniciado hace varios años tras una investigación de cómo se utilizó toda esa dependencia, a cargo de la Salud Pública, para generar enriquecimiento en temas no vinculados con la compra de medicamentos. Y es que esas compras, que son fuente de enormes negocios hasta la fecha, en aquel tiempo, se dijo que eran controladas desde la Vicepresidencia desempeñada por Roxana Baldetti, lo que llevó al ministro de la época a explorar otras vías en las que él también pudiera hacer negocios.
Como ha ido pasando con casi muchos de los casos relacionados con la corrupción antigua, el descuido de las investigaciones posteriores ha significado reveses que impiden aplicar la ley correctamente para sancionar a quienes hicieron mal uso de los fondos públicos, aún en áreas tan sensibles como es la salud de los ciudadanos. Y esta semana, al reiniciarse el proceso contra 14 de los muchos sindicados, resultó que siete de ellos fueron librados de cualquier responsabilidad y separados del caso, mismo que está siendo llevado por un auxiliar fiscal que, aunque usted no lo crea, no es abogado colegiado.
Es la Fiscalía Especial Contra la Impunidad la que llevó ese caso desde el principio y lo sigue diligenciando bajo la dirección del Fiscal Curruchiche, quien tiene la responsabilidad de haber colocado al frente de tal investigación al Auxiliar Fiscal Allan Javier Tánchez Castañeda. De conformidad con las leyes vigentes, concretamente el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, un auxiliar fiscal puede intervenir en los procesos sin acompañamiento de un Fiscal, siempre y cuando “sean abogados”, pero resulta que Tánchez no posee tal título y no está registrado en el Colegio de Abogados de Guatemala.
El caso preocupa porque se ve que los casos de corrupción antiguos, es decir ejecutados en gobiernos anteriores, no provoca en el Ministerio Público el interés por llevarlos adecuadamente para lograr el castigo de los culpables y es tal la displicencia actual que ni siquiera se preocupan por guardar apariencias.
El interés y preocupación de la FECI, en el marco de la política general del Ministerio Público, es centrarse en los casos dirigidos contra el Presidente Arévalo y sus colaboradores, tanto así que hasta utilizan la grabación de una llamada telefónica que filtraron en redes sociales.
Insistimos en que el rescate del Estado de Derecho es el tema fundamental para el país porque sin una justicia efectiva estamos perdidos. Ese tema es uno de los más importantes y críticos para nuestro futuro, aunque hay que reconocer que el camino por caminar no sólo es aún largo, sino está totalmente empedrado.
