Desarrollar un estilo de vida saludable es lo que persigue todo sistema nacional de salud. Durante décadas, el Estado guatemalteco ha tratado de hacerlo lo mejor posible en este sentido y ha implementado aunque no en la magnitud y demanda deseable y de manera muy consistente, medidas en relación con diversos componentes de enfermedad que atentan contra el estilo de vida (salud materno-infantil, salud reproductiva, salud preescolar y escolar) de algunos ciudadanos guatemaltecos. El problema del sedentarismo entre niños, adolescentes y jóvenes va también en aumento, estimulado, entre otras cosas, por la gran popularidad de los aparatos electrónicos entre niños y jóvenes, que les hace pasar un importante tiempo frente al ordenador y un cambio de prioridades a favor de juegos de ordenador en lugar de juegos deportivos y al aire libre. Es a esta edad, a la que se encuban las enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares que se manifestarán en algunos, previo a sus cincuenta años.
De igual manera, en lo que va del presente siglo, la proporción de jóvenes y adultos que practican regularmente educación física y deportes no ha aumentado, incluso el sedentarismo se ha vuelto cada vez mayor, dando origen a un crecimiento alto de problemas metabólicos y de enfermedades degenerativas a más temprana edad. Y ante todo ello, las medidas que se ha promulgado, han tenido poco éxito sobre el crecimiento de esos problemas, de manera que los costos médicos nacionales para tratarlos, representa al sector salud y de seguridad social, una muy considerable erogación del erario público en atención médica. De particular preocupación también es la baja actividad física de las personas mayores. Según estimaciones de expertos, menos del 15% de los jubilados practican educación física y deportes y consumen altas cantidades del presupuesto nacional de salud en atención médica. Y que decir sobre accidentes de tránsito y drogadicciones, ellas provocadoras de morbimortalidad directa e indirecta.
Ante ese panorama epidemiológico pandémico, el esfuerzo en política estatal no ha sido el deseable para reducir la magnitud de la morbimortalidad de la población y resulta increíble que, dentro del presupuesto nacional para salud, si este se desmenuza por rublos, observar que el financiamiento de la atención a programas de promoción y prevención de la salud, es el que menos crece y se beneficia y eso a pesar de conocerse y haberse demostrado por investigaciones nacionales e internacionales que son estas tareas propiciadoras de cambios de actitudes y práctica de hábitos dentro de la población, las que más benefician un estado de vida saludable y el bienestar a cualquier edad e incluso a la fecha, el sistema nacional de salud no ha contemplado con la seriedad del caso, programas para la modernización de la promoción y prevención. Al mismo tiempo, la proporción del financiamiento gubernamental de la atención médica en el PIB, sigue siendo baja y la desproporción de beneficios, de alta inequidad. Las formas más simples de combinación de financiación sanitaria pública y privada utilizadas hasta la fecha, contribuyen poco a atraer recursos adicionales a este ámbito del sistema de evitar enfermedades y a su uso eficaz para resolver las inequidades en este campo. Incluso, la política caritativa de organizaciones nacionales e internacionales, resulta insuficiente ante la demanda de fondos para brindar atención preventiva, promocional y médica a los pobres, las mayores víctimas de los males arriba mencionados.
Sería interesante oír al respecto, las garantías estatales de atención a este problema de desbalances entre la promoción y la prevención y la atención médica, y los métodos para racionarla que propone el nuevo gobierno, a fin de controlar estos males que se comportan con carácter de epidemia dentro de nuestro territorio.
