El caso destapado por la SAT denominado B410 representa un entramado entre abogados, contadores, dueños de empresas y, sin duda el propio Estado y las instituciones involucradas. Lo interesante al escuchar al Superintendente de la SAT, y ver las fotos que presentaban, era ver los lugares en donde “constituyeron” las empresas, así como las direcciones utilizadas que eran completamente falsas, pues efectivamente en esos lugares, o no existen direcciones pues muchos son terrenos baldíos.
Obviamente parte del entuerto para engañar a la SAT era justamente eso: cumplir con todo en lo formal (representante legal, generalmente un abogado), existe un contador, se obtiene una patente con direcciones falsas y se opera en lugares podemos decir hasta siniestros, y, de acuerdo con lo dicho por la SAT, los mismos se encuentran vigilados por personas para evitar que las personas se acerquen o se dirijan a dicho lugar, así como existen cámaras (según dicho por la SAT), para controlar los centros en donde operan estas supuestas empresas.
El trabajo de la SAT fue interesante y riguroso, seguramente hoy lo que viene es la investigación criminal por un MP aletargado, perdido en encontrar colas en funcionarios de gobierno o bien de personas decentes que son encarceladas por supuestos delitos –tal es el caso de Ligia Hernández, una funcionaria del actual régimen, quien hoy es víctima de la propia injusticia que el MP se encarga casi de convertir en el eje de su función, para luego hacerla víctima también del OJ, donde el juez Orellana –solícito él-, le dicta prisión preventiva y la envía al Cuartel de Matamoros, no olvide señor lector que esta fue la ruta de la infamia para la exfiscal Virginia Laparra, hoy seguramente le apuntan a reincidir esta infamia en contra de Ligia Hernández.
Pero volviendo al punto. El proceso de investigación criminal tiene seguramente personas como ese abogado que representa a cientos de empresas, contadores, dueños o socios, pero también debe de analizarse el lado de las instituciones del Estado que contrataron a estas empresas, pero no termina ahí. Es imprescindible revisar el contrato abierto como mecanismo de compra con empresas específicas, puesto que acá, aunque no lo quieran aceptar, existen grandes deficiencias y que todavía hoy persisten.
Hace varios años, sirviendo dentro de la administración pública, me encontraba con las personas de compras y les pedí que cotizáramos unas mochilas y otros avituallamientos y los muchachos respondieron “ah sí, todo eso lo podemos comprar en la empresa “Chafita”, por poner un nombre adecuado, la respuesta me sorprendió porque eran diferentes tipos de productos; es decir, no me sonaba que todo lo que se necesitaba se podía comprar en un mismo lugar. Entonces les pregunté, ¿en la misma empresa venden todo eso?, a lo cual contestaron afirmativamente.
Aún más sorprendido, pues eran las personas que realizaban las compras en dichos lugares, me indicaron que varias empresas de diferentes giros de negocios presentaban la misma dirección, no lo podía creer cuando escuché esto y me lo comprobaron con los famosos contratos abiertos y ahí vendían de todo, unos auténticos supermercados o las antiguas abarroterías o misceláneas, resultaba imposible.
Pero así era, de eso se han pasado muchos años y hoy con esta denuncia de la SAT reviví estos recuerdos, es imprescindible revisar el famoso Contrato Abierto, puesto que ahí mismo se generan enormes negocios, con empresas que presentan distintos tipos de negocios, cabalmente tienen la misma dirección o las direcciones son falsas, tal como lo presentó la SAT.
Es imprescindible recuperar la transparencia, no es una tarea fácil, pues la corrupción se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad, pero se debe empezar desde la casa y en el MINFIN se debe hacer una revisión cuidadosa, rigurosa y clara sobre las contrataciones en todos los ámbitos, de otra forma, la situación no mejorará y la corrupción continuará campeando libremente, así que mientras los criminales se encuentran libres, personas decentes son apresadas y acusadas para encerrarlas por cualquier infamia.
*Nota: Se realizó la modificación dentro del texto para corregir el nombre de la directora del Instituto de la Víctima, el viernes 23 de agosto del 2024 a las 13:35
