Los constituyentes cuando promulgaron la actual Constitución de la República, separaron las funciones del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y le facultaron al Organismo Legislativo, a promulgar leyes del órgano de justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han denunciado al presidente de esa entidad que a la vez es también del Organismo Judicial, Oscar Cruz Oliva, de injerencia en las comisiones de postulación y no cumplir con lo que norman las leyes de la materia y hacer compras ilegales, que no tienen ningún beneficio, hechos que el sindicado y ex presidente del Colegio de Abogados, niega y asegura que el conflicto entre sus compañeros se remonta desde hace meses.
Desafortunadamente el Organismo Judicial, como los otros entes del Estado, desde hace años están en picada y no tienen la certeza y credibilidad de la población, peor ahora que se está en la etapa de seleccionar a los futuros magistrados de Salas de Apelaciones, otros tribunales colegiados y de la Corte Suprema de Justicia, al coincidir las dos comisiones, la sede oficial para analizar la hoja de vida de los aspirantes, sea la Universidad Rafael Landívar, que reúne seguridad y que inicialmente había originado un estira y encoge entre los presidentes de esas comisiones y comisionados que se pliegan a los grupos corruptos que desde hace años mediante soborno y cuestiones políticas, han elegido a los magistrados no idóneos, que no tienen certeza, capacidad y menos honradez, lo que debe ser exigido a los futuros jueces para dar certeza y credibilidad en una sociedad, que lucha a toda costa por terminar con la corrupción en los entes estatales, lo que hasta hoy, no se ha logrado.
El tiempo se acorta, se tenían dudas y sospechas que los comisionados que tienen la obligación de escudriñar a fondo la hoja de vida de los futuros magistrados, estaban enfrascados y empantanados en elegir la sede para estudiar los expedientes y dan por hecho que no entrevistarán a los candidatos, que no se debe permitir, pues si eso no ocurre no puede conocer la capacidad de futuros magistrados y se da por hecho que llegará el 12 de octubre fecha que la carta magna indica que deben tomar posesión, prolongarán sus funciones los actuales togados y se repetirá la ilegalidad de las magistraturas anteriores que los jueces prolongaron sus funciones por más de los 5 años que regula la ley, hecho que fue censurado y fue una irresponsabilidad del MP que no actuó para promover proceso contra los diputados de la 9ª. Legislatura.
Comunidades indígenas, sectores empresariales y grupos de la sociedad civil, exigen a los comisionados acelerar su trabajo para seleccionar a los futuros magistrados y están dispuestas las etnias, a librar una dura batalla, como lo hicieron el año pasado contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras, que intentó un “auto golpe de estado” para evitar la ascensión a la presidencia de Bernardo Arévalo y se plantaron por varios meses en la sede del MP para pedir la dimisión de dicha funcionaria, que no tuvo éxito.
Organismos nacionales e internacionales han exhortado a los comisionados que cumplan su papel que les asigna la Constitución y que esta vez, tengan clara consciencia que deben seleccionar a los mejores abogados para renovar el Organismo Judicial, rechacen y denuncien a los operadores políticos y los grupos conocidos que por años han tenido el control de los organismos del Estado, especialmente el Judicial, que debe dar certeza, credibilidad para que haya una verdadera democracia, y cumplir con los postulados que norma la Constitución que claramente indica que, el OJ y todos los órganos de justicia, están sujetos a la carta magna, son independientes y no debe recibir consignas de ningún grupo. Pero el problema es, que en última instancia son los diputados los que eligen y no hacen por convicción política.
La Corte de Constitucionalidad, en una acción de amparo que fue declarada con lugar, ordenó a los comisionados que deben cumplir con los plazos que ordena la carta magna en elegir a los futuros magistrados de las altas Cortes, que por ley deben tomar posesión el 12 de octubre próximo, no cumplir se deducirán responsabilidades civiles y penales. El proceso de selección y elección de los futuros magistrados se judicializará, no están de acuerdo en la nominación de los próximos funcionarios judiciales.
