El miércoles de la semana pasada, un nuevo caso de defraudación tributaria salió a la luz, consignando un fraude tributario que asciende a 300 millones de quetzales, informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en una conferencia de prensa.
El denominado caso B410 revela una estructura formada por 410 empresas involucradas en la comisión de actos de defraudación y elusión. Varias de estas han sido vendedores directos de instituciones del Estado entre 2021 y 2024, y no pudieron operar impunemente sin la protección de funcionarios de alto nivel.
El objetivo principal de las empresas imbricadas en la clica B410 era apropiarse del IVA y el ISR, mediante una estrategia para evadir el pago de los impuestos, logrando defraudar más de 300 millones de quetzales sobre los 6.4 millardos que facturaron. La estructura operaba en direcciones inexistentes, en zonas rojas, lo que evidencia que las instituciones contratantes no se molestaron en investigar la solvencia de los proveedores, proveyendo impunidad y colusión.
La SAT presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que efectúe las investigaciones correspondientes por la evasión tributaria. Hasta ahora, la denuncia va contra 32 de las empresas involucradas, la mayoría de ellas vinculadas directamente a la pareja presidencial de la anterior administración, o a su círculo íntimo.
La facturación del B410 de 2021 a 2023 alcanzó 5.7 millardos, y pagaron en impuestos tan solo 26.9 millones de quetzales, muy por debajo de lo debido según el superintendente Marco Livio Díaz, quien denunció que esta investigación tomó tres años para recabar información. Agregó que esto evidenció que los contribuyentes tenían vínculos como el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero.
El diario La Hora tuvo acceso a la denuncia presentada por la SAT e indicó que en esta aparecen las empresas Asfaltos y Petróleos S.A; Proyectos Generales y Construcciones; Moscoso Miguel Hugo David; Ericka Azucena Schwartz Castellano León; L&S Construcciones; José Rodolfo Guerra Díaz; Productos Especiales de Concreto; H3 Guatemala; Construpav; José Alfredo Trigueros López; Constructora Maquinaría Materiales y Agregados del Sur; Supervisión Construcción y Mantenimiento; 4 Carriles; Opción Técnica; Construcción Movimiento y Vivienda y Juan Pablo Mansilla Morales.
Asfaltos y Petróleos S. A. está relacionada con Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey, ambos sancionados por Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos por haber “incurrido en importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción”. Pese a estos señalamientos, la fiscal general Consuelo Porras no ha informado si los empresarios, a quienes además se les relaciona directamente con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, son investigados.
Giammattei y Martínez, según publicó en su momento el diario elPeriódico, habitaron durante el gobierno de Giammattei en una lujosa propiedad en la zona 15, la cual habría sido un regalo de los López previo a que tomaran el poder. Fue a ese cubil donde llegó la alfombra mágica.
Una pesquisa del medio electrónico eP Investiga da cuenta que los López fueron de los principales constructores contratados durante la administración de Giammattei. Solo en la Dirección General de Caminos recibieron Q1,960 millones 913 mil 743.85 en contratos en los cuatro años de la administración pasada.
Según políticos que conocieron la relación entre Giammattei, Martínez y los López afirman que estos contratos son el resultado de la amistad que Miguel Martínez forjó con Mauricio López, cuyos sobornos habrían llegado hasta funcionarios del Ministerio de Comunicaciones.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pudo identificar a la estructura visible y operativa de esta organización, pero no llegó hasta el fondo del caso, pues carece de facultades para ahondar en el tema más allá del ramo fiscal, tal y como lo explicó el mismo superintendente Marco Livio Díaz.
La SAT señaló que tres dependencias estatales efectuaron adquisiciones con las empresas señaladas: la Dirección General de Caminos (DGC) a la que le proveyeron por Q3 millardos 189 millones 870 mil 786, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) que adjudicó a estas empresas Q435 millones 22 mil 906 y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) con Q343 millones 209 mil 222.
El ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen Mcfarland señaló en su cuenta de X, tras conocer información sobre el caso B410: “Creo que aquí hay acusaciones serias que la justicia en los EE. UU. debe investigar, sobre todo, el probable uso del sistema financiero de EE. UU. Normalmente se esperaría que el MP tome la batuta, pero…”.
Y en este tema es donde más resuenan los pasos de animal grande, pues una red de 410 empresas negociando con el Estado no puede operar sin la colusión del Ministerio Público, parte del Organismo Judicial y muchos bancos del sistema. Se trata de una auténtica bomba que destapará, con datos duros, cuán podrido está el sistema dominante en los ámbitos político, económico, social, gremial (CANG) y judicial. El ámbito académico tampoco queda eximido, pues el medio eP Investiga reveló que el abogado egresado de la Universidad Da Vinci, David Francisco Barrera Maldonado, es el fundador, administrador y representante legal de una buena parte de la red de 410 empresas que habrían defraudado al Estado de Guatemala más de 300 millones de quetzales en impuestos entre 2021 y 2023.
Salir del conflicto armado e iniciar un proceso de construcción democrática del Estado y la sociedad nos llevó décadas, pero la corrupción y la impunidad arrasaron con tan loable esfuerzo, provocando que ahora vivamos en zozobra, en un muladar, por no haber ejercido a tiempo y con mayor fuerza nuestro poder soberano como Nación.
